Cuestión de energía

MESES ANTES de que expire el plazo comprometido por el ministro de Industria para la presentación ante el Parlamento del Plan Energético Nacional (PEN) se ha adelantado desde el propio ministerio la decisión de prolongar la moratoria nuclear existente desde 1984. Simultáneamente, el anuncio de la fusión de las compañías Hidrola e Iberduero constituye la primera aproximación de las empresas privadas del sector al requerimiento oficial de concentración de la capacidad de generación de electricidad como forma de adaptación a las nuevas pautas derivadas del PEN.En ausencia de argumentación que las justifique, es legítima la sospecha de que ambas decisiones, cada cual en su ámbito respectivo, hayan sido fruto antes de consideraciones coyunturales -las relaciones PSOE-Gobierno, en un caso; temores corporativos, en el otro- que de criterios de racionalidad y eficiencia técnica. Las favorables condiciones en que el acuerdo de suministro de gas por parte de Marruecos y Argelia ha sido suscrito han constituido la única razón aducida a favor de la congelación de la capacidad de generación de electricidad de origen nuclear. Es cierto que ese acuerdo permite una mayor diversificación de las fuentes, uno de los objetivos del plan, pero para justificar una decisión de esa envergadura hay que aportar argumentos sobre otros aspectos no menos importantes: el coste relativo de la energía según la fuente utilizada, el impacto medioambiental en cada caso, la seguridad en el suministro, y desde luego, los mecanismos de absorción de los costes asociados a la paralización de las centrales de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II, y que las compañías propietarias valoran en 800.000 millones de pesetas.

Siendo cierto que el suministro de gas natural permite un menor esfuerzo inversor a un sector eléctrico no precisamente sobrante de salud financiera, no lo es menos que la autonomía energética nacional queda, cuando menos, mermada. En todo caso, el argumento de mayor peso a favor de la concentración de empresas generadoras," esgrimido originalmente por el ministro, era el de posibilitar la mejora de la capacidad financiera de estas compañías con el Fin de afrontar tales decisiones de inversión en condiciones de mayor solidez.

A la constitución por Hidrola e Iberduero de una sociedad de gestión previa a la fusión de ambas empresas no le sobran razones en el contexto del destino atribuido en los planes del ministerio a los activos de generación de las compañías. Sí parece, por el contrario, que la premura en sellar vínculos entre las grandes compañías privadas constituye una reacción al protagonismo que aparentemente estaba desempeñando la empresa pública ENDESA en estos momentos previos a la reordenación definitiva. La necesidad de una fusión como la propuesta cabe ponerla en entredicho a la luz de las intenciones manifestadas en un principio por las autoridades energéticas de no alterar la estructura actual de los activos de distribución, con la excepción de Cataluña. También en este aspecto será necesario desvelar las claves que, dentro y fuera del sector eléctrico, han contribuido a romper el letargo de unas empresas tan parcas de Iniciativas como proclives al desencuentro entre ellas mismas.

Exigencias de información pública, en definitiva, que han de satisfacer las autoridades energéticas con un empeño similar al mostrado originalmente en la racionalización de este sector.