El PP propone al Congreso la promulgación de una ley de fundaciones
Una proposición de ley de fundaciones será presentada esta semana en el Congreso por el Partido Popular (PP). Esta norma, complementaria de la aún inexistente ley del mecenazgo, modificará, si es aceptada la iniciativa popular, el carácter "restrictivo y controlador" de la legislación vigente, según el diputado Miguel Angel Cortés.
La creación de un nuevo marco jurídico para las fundaciones, como instrumento imprescindible para su desarrollo, ha sido reivindicada en numerosos seminarios y congresos por la mayoría de los responsables de este tipo de instituciones. Incluso representantes de la Administración han reconocido en privado la oportunidad de la demanda.La iniciativa popular deriva, no obstante, del seminario organizado el pasado mes de febrero por este grupo, en el que "destacados juristas y expertos", según Cortés, coincidieron en la necesidad de promover "una ley que desarrolle el derecho de fundación". "La posición que se adopte respecto a las fundaciones", señala Cortes, "es una auténtica piedra de toque sobre la idea de sociedad que tiene cada uno: una sociedad libre o una sociedad controlada y maniatada". "El PSOE", agrega el diputado popular, "no puede seguir jugando el papel del perro del hortelano, que no come ni deja que la sociedad lo haga".
La inexistencia de una Ley de Fundaciones promulgada después de la entrada en vigor de la Constitución constituye, según el proyecto popular, "un vacío injustificado". "Las disposiciones vigentes en la materia, que arrancan de la legislación desamortizadora y desvinculadora del siglo pasado", explica el documento, "tienen un carácter preventivo y limitador superado por la Constitución".
La nueva ley es también "más necesaria que nunca en la perspectiva de una Europa unida", afirma Cortés, y por el hecho de que algunas autonomías -Cataluña, Canarias y Galicia- han promulgado sus propias normas. En este sentido, la ley de Fundaciones, en los términos propuestos por el PP, sólo sería de aplicación en aquellos aspectos sobre los que las comunidades carecen de competencias, como el tratamiento fiscal.
El proyecto del PP propone la creación de un único registro de fundaciones, para sustituir a los que existen ahora. Propone, además, que las nueva fundaciones alcancen personalidad jurídica desde el momento del otorgamiento de la escritura de constitución.
La inscripción resultará también ineludible, según el proyecto del PP, para la obtención de los beneficios fiscales que se otorguen a las fundaciones.
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