Nuevas carreras

EL CONSEJO de Universidades ha empezado a fijar la lista de títulos que impartirá la Universidad española en el futuro. El ritmo cansino de este proceso no parece justificarse en la razonable cautela que debe presidir el diseño de la Universidad del siglo que viene.Más parece deberse a un proceloso debate en la trastienda, en el que juegan los derechos adquiridos del funcionario universitario que busca la conservación de su parcela, los cálculos sobre las necesidades docentes y laborales del país y los recelos de los gremios profesionales ante cualquier nuevo título. Y sin embargo, el preámbulo de la Ley de Reforma Universitarla (LRU) afirma bien claramente "que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público, referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas".

Siete años después de promulgada esta ley, nos encontramos todavía en el comienzo del proceso de modificación de los viejos planes de estudios o de creación de los nuevos. A estas alturas, apenas media docena de universidades han sometido ya al Consejo de Universidades planes correspondientes a una decena escasa de títulos, y sólo un par de universidades se han adelantando a impartir enseñanzas que conducirán a títulos previstos en la reforma. El Consejo de Universidades acaba de dar su visto bueno a las directrices para la creación o reforma de los planes de estudios de unas 40 titulaciones más. Todavía falta una veintena y algunas decisiones están a la espera de que se pacifiquen los ánimos de grupos profesionales visceralmente enfrentados con este motivo.

Algo se mueve, pues, en la Universidad española a pesar de todo. Uno de los indicios más alentadores es la tendencia que demuestran los planes universitarios a abreviar las carreras a cuatro años, desalojando el peregrino tópico de que el prestigio de un título va asociado a la duración de la carrera. En la Universidad española se pierde mucho el tiempo, y la diferencia entre horas de clase realmente aprovechadas y el calendario lectivo es tanta que resulta absurdo pensar que el remedio sea prolongar la estancia en ella.

La libre circulación de profesionales en Europa está cerca, y la Universidad española debe cambiar deprisa si quiere evitar un retraso escandaloso. El catálogo de titulaciones profesionales de España era considerablemente reducido, y la mayor parte de los diplomas actuales están obsoletos. Con el calendario en la mano, y en el mejor de los casos, habrá que esperar hasta 1995 para que se incorporen al mundo laboral los primeros nuevos profesionales universitarios. Y habrá que esperar a la próxima década para que la reforma de todas las enseñanzas universitarias sea general.

Algunas universidades ya se plantean impartir carreras no reconocidas en España, pero con títulos homologados en otros países comunitarios. En definitiva, al margen de la batalla nominalista, lo importante es que la Universidad española enseñe lo que debe saberse y lo haga bien para que sus licenciados no hagan el ridículo en Europa. La modernización implica, pues, que la Universidad esté atenta a la realización de todas las funciones sustanciales que la LRU define, sin las que la tarea de formar profesionales queda incompleta. Entre dichas funciones destacan las de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura". Los objetivos están claros en la misma ley. Ahora falta cumplirlos.