La CE proyecta endurecer los controles para reducir el flujo de inmigrantes

La Comisión Europea pide una acción común de los Doce para controlar la presión inmigratoria creciente que sufre la CE. En el caso de los inmigrados ilegales, la propuesta se centra en una política de dureza, basada en directas y fuertes sanciones contra el trabajo clandestino. La CE quiere arimonizar las políticas nacionales. En el caso de España, "las autoridades reconocen de hecho su ausencia".

El proyecto será debatido por la Comisión mañaña en Bruselas y elevado al Consejo de Ministros de Exteriores. Se trata de la primera propuesta para una política común de inmigración tras las recomendaciones sucesivas -junio de 1988 en Hannover, junio de 1989 en Madrid, diciembre de 1989 en Estrasburgo y diciembre de 1990 en Roma- de las cumbres de la CE.La propuesta es incluir el control de la inmigración en los acuerdos de cooperación y "financiar operaciones de alta densidad de mano de obra en los países en vías de desarrollo". La necesidad de cortar los flujos se traducirá en medidas drásticas contra la inmigración ilegal, a través de la expulsión directa fuera del territorio comunitario, controles severos del trabajo clandestino y sanciones contra los intermediarios. Las demandas de asilo serán también revisadas para impedir que se utilicen como sustituto de la inmigración económica.

Medidas de control

El mercado único de 1993 impone armonizar legislaciones, porque "el problema. no es cómo frenar la inmigración, sino cómo controlarla de manera positiva", afirma el informe de la Comisión. La disparidad de situaciones se concreta en el caso de España en "el reconocimiento de hecho, por parte de las autoridades de la ausencia de una política global". El Gobierno, según la Comisión, actúa sólo bajo dos principios: estabilidad social de la población extranjera y adecuación estricta de las nuevas admisiones a la coyuntura del momento a través de la aplicación de criterios restrictivos.

La Comisión propone una política común de visados en un acuerdo, aplazado, cuya firma está prevista para junio. Bastará el permiso de un país para que el extranjero pueda circular por los Doce. Ello obliga a extender ese derecho a los inmigrados legalmente establecidos en un país de la CE, ahora privados de la libre circulación en la Comunidad, pero que en la Europa sin fronteras internas de 1993 deberían poder hacerlo.

En los países de la CE residen 8,2 millones de inmigrantes legales de países no comunitarios y más de dos millones de ilegales. Los porcentajes sobre la población total varían entre el 0,4% de España y el 5,7%, de Alemania. Luxemburgo tiene un 29,6% de población extranjera, pero en su gran mayoría son portugueses. Todos los países comunitarios, con excepción de Irlanda, sufren "una presión inmigratoria creciente".

La principal amenaza sigue siendo el flujo proveniente de los países del Magreb -acrecentado por los efectos de la guerra del Golfo- y de otras ex colonias europeas. A ello se añade el Este, especialmente Polonia y Rumania (este país ha Perdido por la vía emigratoria sus minorías alemana y judía). Pero el problema potencial más grave lo constituye la URSS: "El próximo invierno será esencial debido a la situación política y económica general" del país.

Las fronteras exteriores del la Comunidad Europea serán más herméticas para los extranjeros no comunitarios, porque, a pesar del freno oficial decretado a raíz de la crisis de los setenta, la población inmigrada ha continuado creciendo a razón de 400.000 personas por año.