Cuestión de pactos

LA BATALLA de los preavisos y la aún no concluida del recuento de actas electorales no han logrado romper la renovada tradición sindical, reiniciada por UGT y CC OO en 1989 tras varios años de ruptura, de conmemorar conjuntamente el Primero de Mayo. Sin embargo, las excepciones habidas en cuatro comunidades autónomas ponen de manifiesto cómo las heridas dejadas por la pugna electoral imposibilitan el total acercamiento sindical incluso en esa fecha.La manifestación unitaria de los dos grandes sindicatos en Madrid ha servido para que sus líderes, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, minimizaran las discrepancias electorales por la hegemonía sindical ante la superior exigencia de la unidad de acción frente a los grandes retos con que se enfrentan sus respectivas organizaciones. La lógica de los intereses de todos los trabajadores empuja al mantenimiento de la unidad de acción sindical, sobre todo en un periodo tan crucial como el previo a la entrada en vigor del Acta Única Europea. Pero no está claro que los aparatos sindicales asuman también esta lógica o no la supediten, llegado el caso, a objetivos de prestigio tan discutibles como el que deja traslucir la batalla de los delegados. ¿Qué más da que la primera central sea UGT o CC OO, si ambas, salvo en el País Vasco, son hegemónicas y ningún delegado de más o de menos va a modificar tal situación?

Disputas de esta naturaleza no deben sobreponerse al análisis de los verdaderos problemas laborales o a la consecución de sus objetivos reivindicativos. No es fácil que, divididas, las dos grandes opciones sindicales pueden afrontar con un mínimo de éxito cuestiones tan arduas como la precarización del empleo, la discusión de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP) o el pacto de competitividad que el Gobierno propone y que el mercado único europeo, de una u otra forma, impone. Sería realmente irresponsable movilizar a los trabajadores en pos de tales objetivos y luego no hacer todo lo necesario para conseguirlos.

El recurso sistemático a la huelga -y ello ocurre con especial proclividad en los sectores relacionados con los servicios públicos- no puede dejar de interpretarse socialmente como un síntoma de incapacidad negociadora, lo que, a su vez, plantea a sindicatos y patronal un serio problema de protagonismo social y distanciamiento, en ocasiones por saturación, de los ciudadanos, agravado especialmente en los casos en que son desbordados por agrupaciones sindicales de carácter gremial y corporativo. Justo es reconocer que los dos sindicatos mayoritarios han realizado notables avances en la solución de este problema, pero huelgas como la actual de las gasolineras muestran que queda mucho trecho por recorrer.

El Gobierno no ha dejado de insistir, con matizaciones diversas, en el pacto de competitividad como eje de su política en el próximo periodo. Hace unos meses, el ministro de Hacienda admitió, y lo volvió a confirmar recientemente, que, además de la moderación salarial, tal pacto podría contemplar medidas de distribución (o reasignación) de los excedentes empresariales -en el fondo, de moderación de los beneficios-, así como otras relacionadas con la sanidad y la vivienda, de acuerdo con el planteamiento de la Plataforma Sindical Prioritaria. La inminente aprobación por el Ejecutivo de un plan de financiación de la adquisición de viviendas y la reforma de la legislación sobre alquileres pueden ayudar a la consecución del acuerdo. Es comprensible la prevención sindical ante un pacto presentado reiteradamente como instrumento de control salarial. Pero los problemas que plantea son demasiado trascendentes para la vida de los españoles como para obviar su discusión.