Sospechoso Alan García

El día que Alan García asumió la presidencia del Perú, el 28 de julio de 1985, en "loor de multitudes" -como se describió aquí su entonces altísima popularidad-, su discurso inaugural ante el Parlamento contuvo un anuncio sorprendente: la decisión de reducir a la mitad su sueldo de presidente, que equivalía a algo más de de 1.000 dólares (más de 100.000 pesetas).

Con los escasos 500 dólares mensuales a los que había limitado sus ingresos, García logró mantenerse muy bien y sobrellevar, asimismo, las necesidades de su relativamente numerosa familia. También logró prosperar materialmente. Casi simultáneamente a su ingreso en el palacio de Gobierno, el presidente dejó un pequeño apartamento de clase media en Miraflores para mudarse a una residencia cara, espaciosa y recién comprada, en la acomodada zona de Chacarilla. Tiempo después, García añadiría otra casa -en el balneario playero de Naplo- a su propiedad.Pero en medio de una popularidad que se incrementaba a la par que García dictaba una medida espectacular tras otra, los milagros financieros que hacían posibles estos eventos de bienes raíces pasaron casi inadvertidos.

El pasado miércoles, la comisión de la Cámara de Diputados creada para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de García, expuso sus dos dictámenes, minoritario y mayoritario, ante una Cámara silenciosa, expectante e inusualmente repleta de diputados. Mientras los dos diputados del partido aprista, al que pertenece Alan García, eximían de toda culpa a éste en el dictamen minoritario, el de la mayoría, suscrito por representantes de partidos de la derecha y centro-izquierda, encontró a García responsable de enriquecimiento ilícito en lo que, a su juicio, fueron un conjunto de transacciones ocultas e ingresos enmascarados por un total de 509.915 dólares.

"Minucias"

La suma no es desdeñable, sobre todo en este país, aunque difícilmente puede servir de base para una tormenta política como la que venía incubándose a lo largo del tenso periodo previo de investigación. De hecho, y como quiera que el fondo de la acusación por el enriquecimiento ilícito dentro de Perú era ya básicamente conocido, la representación aprista sostuvo públicamente durante las semanas anteriores que la acusación se había desinflado. "Hablaron de cuentas millonarias, y salen con esas minucias construidas en base a interpretaciones malintencionadas", declaró entonces Del Castillo.Alan García, por su parte, afirmó rotundamente no mantener ninguna cuenta en el extranjero, y no tener, además de sus dos casas, ninguna otra propiedad importante, excepto "3.000 o 4.000 dólares en efectivo".

Así las cosas, llegó el momento de la exposición del presidente de la comisión, Fernando Olivera, el miércoles 24. Tras la previsible exposición de lo sabido, Olivera dijo que tenía más; y ante la tensión atónita de muchos y silenciosa de todos, leyó dos cartas de sendas compañías de investigación financiera norteamericana, contratadas por su partido, el Frente Independiente Moralizador. Una de estas empresas es muy conocida, la compañía Kroll Associates, que ha investigado, entre otras, las fortunas de Marcos, Duvallier, Noriega y Sadam Husein; la otra no lo es en absoluto: se trata de LARC Investigates Services, de Miami, que parece ser la razón social de un detective privado cubano-americano, Rafael García.

Cuentas en el BCCI

Las dos investigaciones indicaban haber reunido informaciones según las cuales el ex presidente García había amasado "sustanciales cantidades de dinero", de acuerdo con Kroll, durante su presidencia, y que, según LARC, había hecho depósitos a través de testaferros por una suma que llegaba hasta los 50 millones de dólares en el ahora notorio Bank of Credit and Commerce International (BCCI), entre 1986 y 1989.Ambas investigaciones, desarrolladas independientemente la una de la otra, según afirmó Olivera, tienen coincidencias sorprendentes. Ambas afirman, por ejemplo, que el ex presidente García mantuvo por lo menos una cuenta en la ahora difunta Western Federal Savings and Loans Association, que fue intervenida por la autoridad federal norteamericana en 1988. Dicha cuenta habría sido transferida a la Suribelt Savings de Dallas (Tejas, Estados Unidos) y cerrada antes de diciembre de 1989.

La nueva información puso el debate en otra dimensión. La Cámara de Diputados, luego de una votación muy estrecha, resolvió dar un plazo adicional de 30 días para ampliar las investigaciones a fin de verificar o desmentir dichas informaciones.