El Congreso concede a los políticos el privilegio de declarar por escrito

El privilegio de poder declarar por escrito ante los jueces, del que hasta ahora sólo gozaban algunas personas de la Familia Real, el Gobierno, y un puñado de altos dignatarios y cargos de las administraciones civil y militar se hizo extensivo ayer a la práctica totalidad de la clase política con los votos del PSOE, Convergència i Unió y CDS y el sufragio erróneo de un diputado del Partido Popular, a pesar de la radical oposición de los demás partidos. El PP pedirá la anulación de la votación.

La ley se aprobó con los 176 votos justos y precisos para modificar una norma con rango de orgánica, entre los que se cuenta, según el PP, el voto de su diputado por Cantabria Joaquín Martínez Sieso. Éste presentó una declaración jurada de que había apretado el botón del "no", aunque el marcador lo contabilizó como "sí". Por error se "abstuvieron" los populares Rodolfo Martín Villa y José Manuel Otero Novas.Nada más producirse la votación, el presidente de la Cámara levantó la sesión sin dar opción a que el portavoz del PP, Rodrigo Rato, hiciese uso de la palabra. Este hecho provocó indignación en las filas populares, algunos de cuyos diputados gritaron: "Algo huele a prodrido". La sesión del pleno del Congreso había discurrido por cauces borrascosos que en distintos momentos degeneraron en aplausos de simpatizantes de IU, pateos y abucheos socialistas o aporreo de pupitres entre Imprecaciones de los populares.

Los representantes de los grupos de oposición insistieron en que la proposición de ley inicial de CiU que trataba de equiparar a los representantes de instituciones (presidentes de gobiernos y de cámaras legislativas autonómicas, y homólogos al presidente del Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, etcétera) trataba de extender el privilegio a toda la clase política. "Sólo faltan los futbolistas, los toreros y Jesús Gil y Gil", intentó bromear Joseba Azkárraga, de EA, antes de aseverar: "Nos estamos convirtiendo en un club de privilegiados".

Cristina Almeida, por IU e Iniciativa per Catalunya, afirmó que el deber de colaboración con la justicia se estaba convirtiendo "en un escaqueo". "Mantenemos la actitud de decirle al ciudadano que colabore y le decimos: tú ves, que yo que soy tu representante no voy a ir". Almeida dijo que los ciudadanos ya habían señalado a determinadas personas (Guerra y Barrionuevo) como "beneficiarios" del privilegio y anunció que su grupo pedirá al Defensor del Pueblo que inste un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. [Barrionuevo, por su parte, dijo que no se sentía afectado y aseguró que acudirá a declarar en el caso Amedo si así lo estima conveniente el tribunal].

Renuncia escrita

Paulino Montesdecoa, por el Grupo Popular, aseguró que las enmiendas socialistas ocultaban la "intencionalidad reprobable y deleznable" de "encubrir a personas del Ejecutivo, forzando a la mayoría del Legislativo para que no comparezcan ante el Poder Judicial". Anunció que los diputados de su grupo harán pública renuncia por escrito al privilegio. A pesar de decir que la ley vulneraba los principios constitucionales de igualdad y tutelajudicial, no anunció ningún recurso de inconstitucionalidad. También los diputados de IU y Eusko Alkartasuna comunicaron ayer por la tarde a la presidencia de la Cámara su renuncia al privilegio.

Joseba Azkárraga, por el Grupo Mixto, dijo que nunca había visto aprobar "con tanta rapidez una ley de estas características". "Ustedes sabrán por qué", dijo a los diputados del PSOE. Emilio Olabarría, del PNV, calificó de "repugnante" la "desorbitada" extensión del privilegio y Koro Garmendia, de EE, recordó la "nefasta experiencia de las declaraciones por escrito en el caso de la colza".

Josep María Trías de Bes, de CiU, justificó la votación favorable a las enmiendas en que su grupo había sido el autor de la proposición y en una "necesidad de adaptación coherente de nuestro sistema jurídico procesal".

En defensa de las enmiendas socialistas, Carlos Navarrete apeló a "razones de utilidad" y "no sólo de cortesía" para que la clase política pueda declarar por escrito o en el domicilio. Añadió que si esta norma tuviera que reducirse a dos casos, el "máximo de consideración" deberían ternerlo la Monarquía y el Parlamento al proclamar la Constitución la monarquía parlamentaria como forma de Estado. El diputado socialista señaló que se trataba "de un privilegio bastante limitado" en el que predomina la adaptación de un viejo texto legal al texto constitucional.

El nuevo artículo 412 extenderá el privilegio de declarar por escrito a unas dos mil personas, entre ellas diputados y senadores, secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, jefes militares y dignatarios religiosos.