Los obispos no quieren ser empresarios de 9.000 profesores de religión

Los obispos no quieren convertirse en empresarios de los 9.100 profesores suplentes -no funcionarios- de Religión y Moral Católica de EGB, según medios, episcopales. La jerarquía eclesiástica está preocupada por las sentencias derivadas de las demandas judiciales de estos profesores y, además, algunos sectores ven la presión del Gobierno para que los obispos reconozcan la existencia de relación laboral.

Todos estos elementos coinciden con la negociación que sobre el terna de este profesorado mantienen Gobierno y obispos para el último fleco de la ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). "La Iglesia entiende que el profesor trabaja en una entidad pública y es la Administración quien le designa", manifestó ayer Modesto Romero, director de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Fuentes gubernamentales sostienen en cambio que, aunque sean ellos quienes nombran, lo hacen a propuesta del obispos de cada diócesis, que son quienes seleccionan al personal, según establecen los acuerdos Estado español-Santa Sede. Estos profesores perciben su salario a través de la Conferencia Episcopal, que preside el cardenal Angel Suquía, y a la que el Ministerio de Educación destina una partida al respecto."El papel de la Iglesia en todo esto es el de pura mediadora", añadió Romero. Los obispos han distribuido este año 2.250 millones de pesetas, un 6% más que el año anterior, a pesar de lo cual los profesores cobran menos que en 1990 al haber aumentado su número, según el director de la Comisión Episcopal de Enseñanza.

El hecho de que no exista relación contractual ha llevado a estos profesores a recurrir en diversas ocasiones a los tribunales. Desde 1988 están a la espera de que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emita una sentencia al respecto. "Para nosotros, lo mejor sería que el fallo reconociera únicamente una relación interna eclesial", manifestó una fuente gubernamental, que aseguró que no existe ninguna presión del Ejecutivo para hacer reconocer ningún tipo de vínculo laboral entre estos maestros y la Iglesia.

El pasado martes se vio la demanda de 220 profesores de religión de Asturias en el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo. Ni el arzobispado ni el MEC reconocen a dichos profesores como asalariados ni como trabajadores integrantes de sus respectivas plantillas. La autoridad laboral les ha reconocido, sin embargo, la condición de trabajadores y el derecho a percibir las prestaciones de la Seguridad Social, informa Javier Cuartas.

Tanto la Dirección General de Trabajo y la Dirección General del Régimen Jurídico de la Seguridad Social como el propio Ministerio de Educación emitieron sendos informes, a requerimiento del inspector de Trabajo de Asturias, Ignacio Bernardo, en los que se descarta cualquier vinculación laboral con el Ministerio.

Seguridad Social

Como consecuencia de ambos pronunciamientos, la inspección laboral de Asturias procedió a levantar actas de infracción contra el arzobispado de Oviedo por no haber dado de alta en la Seguridad Social a dichos profesores como trabajadores propios, al mismo tiempo que presentó de oficio un acta de liquidación de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes y devengadas por el arzobispado. Este acta ha sido recurrida por la iglesia asturiana ante la jurisdicción laboral.Fuentes episcopales manifestaron que actuaciones similares se pueden producir en breve en otros puntos de España.

El Gobierno no está dispuesto a reconocer la existencia de una relación jurídica, porque eso "sería de dudosa constitucionalidad", según medios del Ejecutivo. Parece también poco probable que el MEC se comprometa a a pagar directamente a los maestros. El secretario del episcopado, Agustín García Gasco, nianifestó el pasado martes que el tema del profesorado iba a ser abordado en la próxima reunión que los obispos mantendrán con el MEC sobre la LOGSE.