La casa del pueblo

EXISTE EL riesgo de que, una vez más, la espuma oculte la cosa: de que la pelea dialéctica entre Benegas y Solchaga, o entre el aparato y el Gobierno, impida un debate serio sobre el problema de la vivienda en España. Más concretamente: sobre si la adopción de medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda de determinados sectores de la población (clases medias, jóvenes) debe formar parte de las prioridades de la política económica del Gobierno socialista y cuáles son los instrumentos para conseguirlo. Ésa es la cosa, y lo otro, la espuma. El riesgo de confundir ambas se ve favorecido por el impreciso planteamiento. Para pasar del estado gaseoso al sólido, el plan habrá de solventar la financiación. Admitir que existen dificultades para "articular el mecanismo de subvención del diferencial en los tipos de interés" equivale a reconocer que sólo queda por resolver todo.En ese sentido, es imposible no compartir el inicial espanto del ministro de Economía ante la improvisación que han revelado las confusas explicaciones adelantadas. Confusión que no se despeja después del salomónico comunicado de ayer del Consejo de Ministros. La idea de aprovechar la próxima eliminación de los coeficientes bancarios de inversión -que obligan a los bancos a adquirir determinados fondos públicos- para imponer otros coeficientes destinados ahora a financiar la adquisición de viviendas a bajo interés es una genialidad propia de gente con mentalidad mágica. Si se suprimen esos coeficientes es porque su existencia es incompatible con la regulación establecida por la CE, y contradictoria con la liberalización del mercado bancario que se inició hace muchos años. Pensar que la voluntad política hará desaparecer los efectos no deseables de las decisiones políticas equivale a creer que basta desearlo intensamente para que el sol deje de ponerse por Occidente.

Luego se ha modificado la explicación inicial, hablándose de acuerdos pactados entre el Gobierno y la banca por los que se concederían determinadas compensaciones fiscales y de otro tipo a las entidades que colaboren voluntariamente. Y el propio Solchaga ha adelantado que siempre cabe la posibilidad de subsidiar con cargo a los presupuestos esa diferencia entre los intereses de los créditos que propone el plan y los tipos vigentes en el mercado. Tales planteamientos son discutibles, pero racionales. Dignos en todo caso de consideración, aunque habrá de quedar claro que, si se renuncia a aumentar la presión fiscal, los fondos destinados a ese objetivo preciso habrán de detraerse de otros fines, tal vez no menos acuciantes, atribuidos a la política presupuestaria. El debate deriva entonces hacia la cuestión de las prioridades.

Los criterios seguidos por los socialistas son, en ese aspecto, muy polémicos. Un planteamiento macroeconómico de la cuestión ha llevado a considerar a la construcción antes como factor de estímulo de la actividad productiva en general que como elemento de una política específica de vivienda. Uno de los efectos ha sido el encarecimiento desproporcionado de las viviendas libres: de un 500% desde la llegada de los socialistas al poder, sin que la política de vivienda protegida haya compensado el enorme déficit -próximo a las 700.000 unidades- que ha ido acumulándose en el tramo de población de rentas medias y bajas. El hecho de que la generación nacida en los años sesenta, coincidiendo con el famoso estallido de la natalidad del desarrollismo, se encuentre ahora entre los 20 y los 30 años -la edad característica de la emancipación para formar nuevos hogares- otorga un peculiar contenido social y generacional -y no sólo o principalmente macroeconómico- al problema. Un problema que, por afectar a millones de personas, jóvenes en particular, se ha convertido en la piedra de toque de la sensibilidad social del Gobierno. Pero también, por ello mismo, en terreno abonado para la demagogia. Dosis de ella hay en la propuesta ahora presentada como oferta electoral por los mismos que permitieron y justificaron el delirio especulativo del último decenio. Pero también la hay en fuertes dosis en la respuesta del PP cuando dice que en lugar de conceder créditos baratos a los "amigos del PSOE" habría que bajar los tipos de interés "para todos".

La apelación por parte de Benegas a la autoridad del secretario general del PSOE constituye un síntoma de las contradicciones que presiden las relaciones entre el PSOE y su líder desde que Alfonso Guerra dejó el Ejecutivo: los huérfanos del ex vicepresidente saben que sus éxitos electorales dependen en buena medida de que el liderazgo de Felipe González no sea desestabilizado desde el partido; pero no pueden dejar de hostigar al presidente del Gobierno, a través de sus colaboradores, para recordarle que a sus desvelos le debe haber llegado tan alto.