Detectado en Elche un presunto fraude del IVA de 200 millones de pesetas
El presunto fraude fiscal en el IVA descubierto en Elche por falsificación de facturas, en el que ya se han detenido a tres personas de una empresa de calzado, presuntamente relacionadas con este fraude, podría extenderse a otras empresas de la Comunidad Valenciana, según señaló ayer el comandante de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, que está llevando a cabo las investigaciones y quien ha asegurado que la Comunidad Valenciana es una de las zonas donde no se ha iniciado este proceso de investigación anunciado por Hacienda. El supuesto fraude fiscal detectado en Elche podría alcanzar los 200 millones de pesetas, según el Gobierno Civil de Alicante.La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a Manuel Ruiz Vicente y José Ramón Guilabert Lizón, copropietarios de una empresa de calzado, quienes permanecen en el depósito carcelario municipal de Elche, tras la orden de prisión dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. También se ha detenido al asesor fiscal de la empresa E. S. M.
El titular del Juzgado Número 3 de Elche, Miguel Ángel Larrosa ha señalado que hay indicios claros de delito de falsedad que puede tener una pena alta, y se ha podido determinar una posible responsabilidad.
Por otra parte, el juzgado número 4 de Murcia, que instruye las diligencias por un presunto delito de fraude a Hacienda de 5.000 millones de pesetas por la suscripción de pólizas de prima única, decretó ayer una ampliación de Fianzas hasta 60 millones de pesetas para los dos industriales que están siendo investigados por el caso. El auto de prisión condicional, lo extendió el juez después de que declararan tres directivos del Banco de Europa, entidad con la que trabajaban estos empresarios.
Uno de los industriales relacionados con el caso, José Caravaca, ya había pagado una fianza de dos millones de pesetas. Ayer depositó otra nueva fianza, de 28 millones, sustitutoria del ingreso en prisión. El juez apreció que existen indicios suficientes de "reiteradas falsedades en documentos mercantiles", lo que hace referencia a la utilización de testaferros como titulares de cuentas millonarias, de las que ellos mismos desconocían su existencia. Entre estos han declarado hasta ahora ante el juez dos ancianas de 80 años.
