Corcuera advierte a los jueces "que dicten sentencias y no amenacen"
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, manifestó ayer en los pasillos del Congreso que espera de los jueces que dicten sentencias pero no amenacen, en referencia a las denuncias formuladas por la Junta de Jueces de Instrucción y el magistrado decano de Sevilla, según las cuales el jefe superior de Policía de esa ciudad había interferido en la investigación del caso Juan Guerra. Corcuera envió el lunes una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión Nacional de la Policía Judicial, Pascual Sala, en la que califica de "absolutamente infundadas" esas denuncias.
"Con el respeto que tengo a los jueces", dijo el ministro ayer "espero de ellos que dicten sentencias, pero que no amenacen si es cierto lo que he leído en algún medio de comunicación, con abrir procedimientos penales a funcionarios policiales".Por su parte, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra Salcedo, negó ayer en el Congreso que hayan existido intromisiones en la investigación del caso Juan Guerra.
Corcuera critica en la carta a la Junta de Jueces sevillanos porque considera que no está legitimada para realizar pronunciamientos sobre la actuación policial, y al juez decano, cuya conducta califica de "actuación inadmisible contra el jefe superior de Policía de Sevilla". El ministro señala que este magistrado se ha extralimitado en sus atribuciones como miembro de la Comisión Provincial de Policía Judicial y ha podido vulnerar el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades y funcionarios públicos felicitaciones o censuras por sus actos.
El ministro Corcuera sugiere a Sala abrir una investigación para "esclarecer la realidad de las presuntas interferencias" y ofrece poner a disposición de la Comisión Nacional de Policía Judicial "todos los medios que sean necesarios". Esas indagaciones se realizarían al margen de las medidas que el Consejo del Poder Judicial pudiese adoptar. Corcuera remitió también a Sala un informe del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, en el que éste señala que es "absolutamente inexplicable" que se considere como interferencias la solicitud de una información previa a la apertura de un expediente disciplinarlo al jefe de la unidad adscrita de Policía Judicial de Sevilla.
La apertura de expedientes a policías depende de sus jefes orgánicos y no de los funcionales, por lo que, según José María Rodríguez Colorado, las acusaciones de interferencias solo pueden entenderse "desde un claro prejuicio que los miembros de la Junta de Jueces de Instrucción se hubieran formado sobre los hechos". Según Colorado, las manifestaciones de los jueces pueden considerarse como "una coacción a la actuación policial, desde el momento en que se amenaza con la apertura de un procedimiento penal contra el jefe superior de Policía".
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