Acciones a una peseta

El Consejo de Ministros del 24 de abril de 1985 autorizó la venta de la empresa Martínez Colomer (Marcol), sociedad del expropiado holding de Rumasa, a una compañía llamada Gestión y Desarrollo Empresarial, SA (GYDESA), que contaba como accionistas mayoritarios a la familia Ortells. El precio por cada una de las 380.000 acciones de Marcol se estableció en una peseta. Seis años después, la compañía se encuentra en un proceso de quiebra.

En la actualidad siguen las protestas laborales y las deudas son superiores a los 4.000 millones de pesetas.. La historia de la cadena de distribución comercial, creada en la década de los cincuenta por el empresario valenciano Ernesto Martínez Colomer, y que llegó a ser una de las más importantes de España, no deja de ser controvertida.Marcol ha pertenecido, además de a Ernesto Martínez Colomer, al holding Rumasa y posteriormente a la Dirección General del Patrimonio del Estado por la expropiación que el Gobierno realizó en 1983 del grupo de la abeja. En 1985, la firma fue reprivatizada y vendida a la familia Ortells.

Esta compañía, que ha basado durante muchos años sus beneficios en la venta al por mayor, dirigía su actividad empresarial en la última etapa a la conversión de sus centros en grandes superficies comerciales. A finales de 1989 entró irremediablemente en una espiral de problemas que continúan hasta hoy. Este grupo, con centros abiertos en Madrid, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca, cuenta con una plantilla próxima a los 1.200 empleados y un patrimonio evaluado por encima de los 25.000 millones de pesetas, según datos del comité de empresa.

La estructura de Marcel, que arrastra una década de números rojos en sus cuentas, pudo, mantenerse hasta que, en julio de 1990, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valenecia dictó un auto de quiebra contra la firma, instada por la sociedad catalana Grupo de Riesgos, en representación de varios proveedores con los que Marcol mantenía deudas.

Expropiación

En este proceso, y debido a la presión social de los trabajadores, que han pasado por dos ex pedientes de regulación temporal de empleo, la Administración intervino ante la existencia de empresas comerciales dispuestas a comprar Marcol. Nombres como los de Mercadona, Mark and Spencer y Makro se barajaron hace unos meses como posibles candidatos, aunque se mantuvieron en el anonimato. No obstante, según han coincidido en calificar la Administración y los trabajadores, la actitud de los actuales propietarios, la familia Ortells, impidió cualquier venta. Los portavoces de la familia Ortells se han negado a realizar declaraciones públicas durante los últimos meses.Como en una reacción en cadena, los compradores se retiraron, los responsables de la quiebra cerraron los centros de la firma en febrero y los empleados han presentado ante los juzgados de lo social unas 800 demandas por despido nulo ante la falta de trabajo y, de salario. Prácticamente a continuación saltó a la palestra una posible segunda expropiacíón de Marcol, defendida fundamentalmente por los empleados. Esta propuesta, vista como una posibilidad en un principio por la Generalitat, ha sido descartada por el Ejecutivo valenciano.

Las acciones de los empleados se dirigen ahora a la vía judicial. El pasado miércoles, 27 de marzo, la abogada (que representa al presidente del comité de empresa de Marcol y a parte de trabajadores, Isabel Santos, de UGT, presentó ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia documentación de apoyo a la denuncia que sobre presunto delito social, alzamiento de bienes y estafa obra contra los actuales propietarios de Marcol.

La abogada ha solicitado al juez encargado del caso que llame a testificar a todos los miembros de la familia Ortells y a los también accionistas Joaquín Yvancos, vinculado al empresario José María Ruiz-Mateos, y José María Gutiérrez del Castillo. En estos momentos existen cuatro procedimientos judiciales contra los propietarios de Marcol.