Cómo consolidar una democracia

Mantiene el autor que la democratización chilena se basa en el consenso de las fuerzas sociales y partidos del arco parlamentario. Los chilenos deben recuperar los valores de la confianza y la solidaridad, a través de la verdad y la reconciliación. En este camino, el desafío más serio del nuevo Gobierno es la reparación de los daños causados por la dictadura, y el aislamiento del extremismo y del involucionismo.

El proceso chileno hacia la consolidación democrática es una laboriosa obra de ingeniería política que se construye cotidianamente en un contexto complejo. Si se pudieran presentar esquemáticamente las claves de dicho proceso, éstas serían: el consenso, la prudente y calculada progresividad en el asentamiento del poder civil la aceptación ampliamente mayoritaria de la legalidad como marco para la solución de los conflictos de poder.El avance producido en Chile en materia política -aparte de los conocidos logros en materia económica, inversiones e incremento de las medidas sociales- es considerable. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, el Gobierno que encabeza Patricio Aylwin ha logrado en poco tiempo avanzar en la recuperación de las libertades y el asentamiento progresivo del poder civil sobre la base de grandes consensos de los que participan prácticamente todas las fuerzas sociales y los partidos políticos del arco parlamentario.

Existe, tanto por parte del Gobierno como de la oposición democrática, clara conciencia de que la democracia sólo es posible construirla entre todos y que su solidez depende de que sea asumida mayoritariamente como un bien social. Este marco es el que permite aislar al involucionismo y al extremismo, y hace inviable cualquier intento por alterar desde posiciones de fuerza el curso de los acontecimientos.

Apología de la dictadura

Las esporádicas declaraciones de Pinochet haciendo apología de su dictadura o amenazando veladamente al poder político, más allá de constituir un intento por demostrar fortaleza, revelan su debilidad esencial: en el contexto actual no hay cabida a la razón de la fuerza -aun cuando en un momento algún grupo pretendiera ejercerla-.Las condiciones subjetivas y objetivas en la sociedad chilena favorecen ampliamente la vía política, y cualquiera que opte hoy en día por la violencia se encuentra con el repudio prácticamente unánime de la clase política, de las instituciones y de la ciudadanía, como ha ocurrido con el reciente asesinato del dirigente derechista e ideólogo del régimen anterior, senador Jaime Guzmán.

Pero la democracia, para, consolidarse, necesita más que este marco. Necesita la vivencia permanente de los valores que le dan fuerza: la confianza mutua y la solidaridad. A la confianza se llega por la verdad, y a la solidaridad, por la conciliación.

En el caso actual, Por la reconciliación. De ahí que la propuesta del Gobierno chileno de buscar la verdad de los hechos acaecidos durante la dictadura, presentarlos ante el país, procurar que se haga justicia pero simultáneamente promover la reconciliación y el reencuentro, contienen una visión de futuro que ha generado el apoyo de la gran mayoría de la población y sus instituciones.

En este contexto debe ser situado el tratamiento decidido por el presidente chileno al tema de los derechos humanos, después de una amplia ronda de conversaciones con los partidos, la Iglesia, instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de familiares de los afectados. El denominado Informe Rettig, sobre las más graves violaciones a los derechos humanos (aquéllas con resultado de muerte o desaparición) ocurridas durante la dictadura militar, investigadas durante nueve meses por la Comisión Verdad y Reconciliación sobre la base de testimonios directos de los familiares de las víctimas, de testigos y de los datos que por mandato legal debieron presentar las instituciones públicas, incluidas las Fuerzas Armadas, dio cumplimiento no sólo a un compromiso solemne adquirido por el Gobierno y los partidos políticos que lo sustentan, sino además constituye un imperativo ético e histórico para toda la sociedad. Su propósito es que conduzca también a la mayor reparación posible a los afectados y sus familias: reparación moral -mediante la reivindicación pública de las víctimas- como también patrimomal y jurídica. La verdad, contrarlamente a lo que los nostálgicos del pinochetismo piensan, contribuirá a despejar la senda de la reconciliación.

Tras conocerse el informe, el Gobierno enfrenta uno de los mayores desafíos de su gestión: cómo hacer justicia. En este aspecto fundamental, como en todos los otros aspectos del proceso de democratización chilena, se mantiene la constante de buscar los más amplios consensos, de arbitrar toda medida dentro de rigurosos cauces legales y de procurar que todo esto contribuya siempre a consolidar la democracia en lugar de producirle fisuras. Hasta el momento ha existido una casi unanimidad en el arco político y social frente al método elegido por Aylwin para llevar adelante una solución definitiva, que persigue satisfacer en la medida de lo posible -con el compromiso activo del propio Gobierno- los legítimos anhelos de los familiares de las víctimas, cumpliendo a la vez con su obligación política de dar estabilidad al proceso.

Los dirigentes de izquierda que fueron perseguidos y encarcelados por la dictadura apoyan este camino, mientras la derecha ha terminado por reconocer y asumir, con matizaciones, la realidad de las violaciones. Dos ramas de las Fuerzas Armadas -la Fuerza Aérea y los Carabineros- han aceptado el informe en lo sustantivo, mientras la Marina objeta principalmente la falta de énfasis en el contexto histórico en que se produjeron las violaciones a los derechos humanos. El Ejército ha recusado el informe y ha defendido la actuación del gobierno militar.

Respeto de la legalidad

Pero lo más significativo es que tanto el Ejército, con Pinochet a la cabeza, como la Marina han hecho presente su posición y formalizado la misma dentro de los marcos que la legalidad fija para esto: en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad. Antes, en el caso de los ascensos anuales de la oficialidad superior, decididos por Aylwin, ocurrió algo similar, en que el marco legal y los procedimientos preestablecidos sirvieron de cauce para dirimir las diferencias. Es decir, el clásico legalismo de los chilenos y el peso ético-socíal de las formas políticas aceptadas embargan de tal modo a los actores que resulta muy dificil para ellos arriesgar el repudio social al salirse de las reglas del juego consensualmente adoptadas por todos. Éste es uno de los grandes méritos de Aylwin: haberle dado vigencia práctica al espíritu y a la letra de las normas que regulan la convivencia democrática, obligando a todos, él incluido, a mantenerse dentro de la más estricta legalidad. Esto no quiere decir que no pueda haber quienes opten por saltarse esas reglas y hacer caso omiso del sentir mayoritario. Pero es claro que estarán siempre aislados y serán marginales.

La filigrana con que se teje día a día la democracia chilena está hecha de pasos que, aunque unas veces tarden más que otras, cuando son dados son irreversibles. En esta dinámica, aunque parezca una paradoja, la permanencia o no de Pinochet en el Ejército, sus intervenciones y presencia pública, aunque irritante, resultan cada vez menos significativas y disonantes, ya que su terreno es el del enfrentamiento, y en cambio ahora Chile ha vuelto al terreno de la política, que no es el suyo. Ya quedó demostrado en el plebiscito de 1988 y en las elecciones de 1989.

es director del Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamérica- Europa (CIPIE).