El ginecólogo Saenz de Santamaría ingresa en prisión por un delito de aborto

El ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría ingresó ayer en la prisión de Málaga tras ser detenido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, cuando el médico se presentó para cumplir una condena de cuatro años de prisión por un delito de aborto. Sáenz de Santamaría, contrariamente a unas manifestaciones anteriores, anunció que está dispuesto a aceptar un posible indulto del Gobierno "porque no librarán a un delincuente de un delito, sino que resolverán la incapacidad de los jueces para adaptarse al espíritu legislador y al sentimiento ole la sociedad".

El ginecólogo malagueño precisó en una breve conferencia de prensa que ofreció antes de presentarse ante la justicia tras una semana en situación de busca y captura que, aunque le sea concedido el indulto, dijo, "intentaré esperar en prisión que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que hemos planteado contra la condena, porque han sido los jueces los que han creado este problema y ellos tendrán que resolverlo".Sáenz de Santamaría, que está condenado a cuatro años de cárcel por un aborto practicado en 1984 a una niña de 14 años de edad, embarazada tras las reiterados agresiones sexuales que sufrió por un familiar -actualmente en prisión acusado de estupro- explicó que se presentaba a cumplir la condena "para que la policía", aseguró, "no entre en mis clínicas a buscarme y moleste a mis pacientes".

"Sorprendentemente", según Santamaría, "más de la mitad de los abortos en España se están realizando en clínicas clandestinas, no legalizadas y sin garantías, pero no existe ni un proceso abierto contra estas personas". La clínica del ginecólogo malagueño, desde su legalización, ha sido denunciada en tres ocasiones. El facultativo tiene otra condena de siete años, pendiente de recurso ante el Supremo, y ha de enfrentarse a varios procesos por supuestos delitos de aborto ilegal.

Intervención policial

Tras estas manifestaciones. realizadas en una cafetería cercana a la Audiencia, el ginecólogo se dirigió caminando con su abogado hasta la entrada del inmueble portando una pequeña bolsa de viaje con sus efectos personales. En ese momento, media docena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía le detuvieron sin mediar palabra y le condujeron hacia los calabozos, desde donde fue trasladado a la prisión provincial. En las cercanías del recinto se congregaron una treintena de mujeres, de distintas organizaciones feministas, que solicitaron la puesta en libertad del ginecólogo.

Pedro Apalategui, el abogado defensor del condenado, aseguró ayer que la Sección Cuarta de la Audiencia de Málaga había concluido ya los informes requeridos por el Ministerio de Justicia para la tramitación del indulto. Confiaba, por ello, que el próximo viernes pudiera ser tratado en la reunión del gabinete ministerrial. Apalategui reconoció como "anormal" que su defendido no haya pedido el indulto, e informó de la posibilidad de que el Ejecutivo "obligue al ginecólogo a ratificar una petición que en su nombre ha realizado una tercera persona", en este caso, una coordinadora cívica de Málaga.

Representantes de este colectivo, que acompañaron al ginecólogo hasta la Audiencia, insistieron en la necesidad de que el Gobierno elabore una ley de plazos para que Ias mujeres puedan realizar libremente la interrupción del embarazo, sin que por ello sean perseguidas". La Coordinadora Cívica pro Derecho al Aborto ha mostrado su "indignación" por el ingreso en prisión del ginecólogo, "nueva víctima de la actitud inquisitorial de algunos jueces, así como de la irresponsabilidad del Gobierno al mantener una legislación que genera semejantes atropellos a los derechos de los profesionales de la sanidad y de las mujeres".

El abogado defensor confió en que el Tribunal Constitucional se pronuncie pronto sobre el recurso que tiene presentado contra la sentencia condenatoria dictada por la Sección IV de la Audiencia de Málaga y ratificada por el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. Este recurso de amparo, según Apalategui, plantea la aplicación de la retroactividad de la pena, porque el aborto se practica con anterioridad a la desperialización y dentro de los supuestos permitidos, aunque el Supremo en su sentencia no coincida con esta interpretación".

La defensa mantiene que la joven, a quien se le practicó el aborto, sufrió una violación, aunque en la sentencia el familiar acusado de los abusos fue condenado por estupro de prevalimiento, "un matiz para el juez, para un fiscal, pero no para un ginecólogo", según Apalategui. Sáenz de Santamaría insistió ayer en que "la sociedad ha sentenciado, ya que una nina que desde los ocho años fue sometida a una violencia sexual perpetua, con amenaza de muerte incluida, por un individuo de más de 50 años, es una violación y la sentencia de la cludadanía es clara".