Las playas del señor conde

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto una polémica en Canarias al reconocer ciertos derechos de propiedad privada a los descendientes del conde de la Vega Grande -una de las familias más ricas y poderosas del archipiélago- sobre las playas de San Bartolomé de Tirajana, importante núcleo turístico de la isla de Gran Canaria. El alcalde del municipio, Francisco Araña del Toro, dice que "el fallo judicial, con todos los respetos, es una locura, y sólo podría explicarse en una época feudal. El abogado de los herederos, Jesualdo Alcaut, matiza que la sentencia no privatiza un bien público sino que reconoce derechos preferentes de la familia Del Castillo para explotar los servicios de dicha playa.

Los antecesores de Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna, el actual conde, adquirieron, en 1830, durante la desamortización de Mendizábal, el 7% de la superficie de Gran Canaria. En esas tierras se incluía gran parte del territorio del citado municipio costero, de escaso interés agrícola entonces. En la década de los setenta dicho suelo experimentó una fuerte revalorización debido a la explosión turística.Las posesiones del conde lindaban con el mar. Los hoteles y apartamentos crecieron como hongos con el curso de los años, en torno a las playas de Maspalomas, Del Inglés, San Agustín, Meloneras y Las Burras, que en verano llegan a concentrar hasta 400.000 personas. La distancia existente entre las construcciones turísticas y las zonas comerciales hasta la orilla aconsejó, desde hace 20 años, la instalación de chiringuitos y el alquiler de hamacas y sombrillas para una oferta potencial que se sitúa hoy en torno a 150.000 camas. La explotación de estos dos servicios fue asignada por el Estado, desde el principio, al Ayuntamiento.

El alcalde Araña del Toro se extraña de que los herederos del conde hayan esperado hasta hace dos años para reclamar sus derechos de dominio y posesión. "Pienso que en realidad lo que la familia Del Castillo pretende con este pleito es obtener alguna compensación económica; si no, no se entiende", indicó. Se calcula que las arcas municipales ingresan anualmente por la explotación de estas playas alrededor de 1.000 millones de pesetas, aunque el titular de la Corporación manifiesta, sin precisar más datos, que "la cifra es inferior".

Alejandro, Ana y Pedro del Castillo, herederos del condado de la Vega Grande, han logrado que la Sala tercera del Tribunal Supremo anulara, en una sentencia hecha pública en febrero pasado, un acuerdo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el que se concedía a un particular la explotación de hamacas y elementos deportivos en las playas del citado enclave turístico. El conde, Alejandro del Castillo, y sus dos hermanos, conseguían así hacer valer sus derechos de propiedad sobre dichas playas, registradas a su nombre como las fincas número 517 y 4.074.

El abogado Alcaut precisa que el Supremo no "ha otorgado derechos privados sobre las pla yas con esta sentencia". En su opinión, lo que los magistrados José Jiménez Hernández, Julián García Estartus y Francisco González Navarro han fallado es coherente con la nueva Ley de Costas de 1988, que señala que los propietarios de bienes hoy considerados de dominio público, como es el caso de las playas de San Bartolomé de Tirajana tienen preferencia durante 10 años en las concesiones que se otorguen para la ocupación y aprovechamiento de la zona.

El citado letrado señala que el Estado se comprometió al realizar el deslinde de estas playas en 1985 a no otorgar concesiones administrativas sobre dicho tramo de litoral hasta que no fuera modificada la titularidad sobre dichos terrenos en el registro de la propiedad. Como tal circunstancia aún no se ha producido, indica el jurista, y las playas continúan a nombre de la familia Del Castillo, la Administración no puede realizar ningún acto de posesión sobre las mismas, tal como argumenta la sentencia del Supremo, a pesar de la declaración de dominio público que realiza sobre todas las playas del país la actual Ley de Costas.

Olas de temporal

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana recuerda que un juzgado de primera instancia de Las Palmas desestimó el año pasado una reivindicación de la propiedad de las playas planteada por la familia Del Castillo.Araña del Toro opina que los magistrados olvidan que la zona donde se ubican las hamacas es un bien de dominio público, ya que dicha zona queda cubierta por las olas en épocas de temporal y porque el Ayuntamiento ha tomado posesión de la misma, durante 25 años, de forma "a la vista de los señores Del Castillo". La abogacía del Estado estudia recurrir la sentencia.