El juez del 'caso Guerra' encuentra indicios de delito en el uso del despacho oficial

El juez instructor del caso Guerra, Ángel Márquez, ha encontrado indicios de varios delitos -malversación de caudales públicos y usurpación de funciones- en el uso de un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Sevilla por parte de Juan Guerra. El magistrado ha pedido al fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que le remita un informe sobre el eventual envío de las diligencias al Tribunal Supremo, debido a la posible inculpación del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que goza de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado.

Los seis responsables, según el juez, de la utilización indebida del despacho oficial de la Delegación del Gobierno y, por tanto, de un presunto delito de malversación de fondos públicos son Alfonso Guerra, en aquel momento vicepresidente del Ejecutivo, los sucesivos delegados del Gobierno en Andalucía Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrido; el entonces secretario del vicepresidente con rango de subsecretario, Rafael Delgado, y el propio Juan Guerra.Leocadio Marín y Tomás Azorín son en la actualidad parlamentarios en la Cámara autonómica andaluza, por lo que sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, igual que Alfonso Garrido, en su condición actual de delegado del Gobierno.

El juez Márquez declaró ayer a EL PAÍS: "En mi petición al fiscal sobre la presunta responsabilidad de personas aforadas por la utilización indebida del despacho incluyo lapalabra delito, pero no especifico cuál...". El juez, que rehusó pronunciarse explícitamente sobre la inculpación de ninguna de las personas antes citadas, añadió, sin embargo, que "en la actualidad es tema de discusión" si Alfonso Guerra deberá ser procesado por su cargo en el partido o en el Gobierno durante las actividades de su hermano Juan.

Fuentes cercanas al caso explicaron ayer que una vez demostrado, tras el análisis del libro de visitas, de la Delegación del Gobierno, que Juan Guerra utilizó el despacho oficial para actividades privadas y, que la orden de apertura del despacho partió de la vicepresidencia, del Gobierno -así lo reconoció Rafael Delgado, quien se atribuyó la autoría de la mencionada orden- hay que delimitar el grado de responsabilidad de cada una de las personas antes citadas.

Orden superior

A Rafael Delgado y a Leocadio Marín, delegado del Gobierno cuando se abrió el despacho, se les considera ejecutores de una orden superior, mientras que Tomás Azorín y Alfonso Garrido, delegados gubernamentales con posterioridad, serían responsables de haber mantenido el despacho al servicio de Juan Guerra. Todas las fuentes jurídicas consultadas entienden que en este encadenamiento de responsabilidades aparece en última instancia el propio Alfonso Guerra.

Un año después del inicio de las diligencias emprendidas por el juez Márquez a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida (IU) como acusación particular -a la que más tarde se unió el Partido Andalucista (PA)-, el asistente Juan Guerra aparece en un segundo plano en relación con las personas que pudieran resultar inculpadas por la presunta malversación de fondos públicos.

Otros delitos

La acusación particular piensa que además del delito de malversación de fondos públicos, en el que estarían implicadas las seis personas antes citadas, del uso del despacho por parte de Juan Guerra pueden derivarse otros delitos, entre ellos el de usurpación de funciones, por actuar de funcionario sin serlo, y el de denegación de auxilio a la justicia, siempre que al final de las diligencias quede demostrado que existió un libro de visitas que fue ocultado deliberadamente. Ángel Márquez declaró ayer que, aún a la espera de la contestación del Fiscal Flores y de la presentación de la auditoría, sobre el coste del despacho, ya tiene prácticamente terminadas las diligencias: "De cualquier forma, ni el informe de Alfredo Flores ni la auditoría son vinculantes y, por tanto, cambiarán muy poco mi visión actual de la situación".

El abogado de IU dijo, sin embargo, que a su juicio las diligencias sobre el despacho no estarán concluidas hasta que el PSOE "entregue las facturas de un libramiento de casi dos millones de pesetas a favor de Juan Guerra". Según Fernández del Pozo, el informe remitido por Guillermo Galeote, responsable socialista de Finanzas, al juez Márquez hace mención a ese pago, "pero no lo justifica con facturas".

El fiscal Alfredo Flores declaró ayer a la COPE que "las diligencias del caso Guerra están prácticamente concluidas". El fiscal anunció la presentación inmediata de su informe y añadió la misteriosa frase: "Habrá sorpresas, pero no en el sentido que se está hablando...". Flores añadió que ahora "vivimos un momento culminante del caso, en el que las partes tienen que tomar decisiones para una pronta y coherente terminación de este proceso en su fase de instrucción".

A modo de anécdota, Alfredo Flores señaló que no creía que ayer se cumpliera un año de las diligencias judiciales en el caso Juan Guerra. Según Flores, el aniversario se cumple el 19 de enero porque las diligencias las inició el fiscal en aquella fecha.