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Tribuna:

Reflexiones para un debate

El autor reflexiona sobre las tareas del nuevo Gobierno, que, en su opinión, debe tener como grandes objetivos adecuar la sociedad española al Acta Única; desarrollar el Estado de las autonomías, las libertades y el sentido democrático de las instituciones, e impulsar el proceso europeo.

Desde la convocatoria de las elecciones de 1989 (y tal como se argumentó entonces) están pendientes una serie de decisiones para hacer frente a retos sustanciales. El Gobierno se había instalado en una parálisis creciente, con factores políticos inexplicados (dimisión de Guerra). Ahora el cambio ministerial parece consolidar una apuesta por una opción "centrista" que conectando con una mayoría de la opinión pública sea el marco de espera de posibles consecuencias que deriven de las elecciones del 91 y sobre todo del 93. Pero ¿cuáles son aquellos objetivos y en qué situación estamos para abordarlos? Creo que se pueden señalar tres grandes objetivos: contribuir a adecuar la sociedad española a los requerimientos del Acta única, desarrollar el Estado de las autonomías, las libertades y el sentido democrático de las instituciones, impulsar el proceso europeo en un contexto internacional cambiante.El último objetivo enunciado es el que está influyendo externamente en el desarrollo de nuestra propia sociedad. La unión europea parece retrasarse sensiblemente por un doble motivo: a) por las consecuencias de la guerra del Golfo; b) por razones de disparidad de políticas económicas.

a) La guerra del Golfo ha puesto en evidencia la falta de una política europea de seguridad. La ausencia de Europa ha sido clamorosa y los estados miembros de la Comunidad han ido, en diversos grados, a remolque del liderazgo de EE UU. Es a su vez destacable la falta de un posicionamiento conjunto y coherente de las izquierdas europeas.

b) Tanto desde Gran Bretaña como, sobre todo, desde Alemania se ha vuelto a plantear la Europa de dos velocidades; o sea, el retraso de la unión política y económica. Ello además comporta un atentado a cualquier política de solidaridad europea.

Posición común

Por todo ello sería importante cohesionar a los diversos grupos parlamentarios alrededor de una posición común española que reclamase para Europa: la recuperación de los acuerdos de las conferencias de Roma, el cubrimiento del déficit democrático, la reforma de los fondos estructurales, la necesidad de una política europea de seguridad, el papel de la CESCE y la reclamación a fondo de una Conferencia del Mediterráneo.

En el mismo contexto es donde se debe situar la concepción de una política española de seguridad defensiva y el proceso hacia un ejército profesional y voluntario con la correspondiente supresión del servicio militar obligatorio.

Por lo que afecta a la adecuación de la sociedad española, se dan unas manifiestas diferencias cualitativas y cuantitativas entre Europa y España en una serie de factores que nos sitúan muy por debajo de los niveles medios. Son diferencias que afectan de forma negativa y directa a nuestra capacidad de producción y al nivel de vida de los ciudadanos. Son diferencias en factores como infraestructuras, innovación, formación, servicios personales, dualismo y marginación, respeto al medio ambiente.

Se puede coincidir con el Gobierno en la importancia de estos temas. Pero el matiz fundamental está en que el Gobierno, presupuesto tras presupuesto, es el principal responsable de las enormes insuficiencias de acción pública dirigida a paliar aquellas diferencias. A su vez el Gobierno escapa de compromisos reales para consolidar una política progresista a aplicar sobre aquellos factores.

Aquí aparece el manido tema de la competitividad. Sobre lo anterior se puede demostrar que ésta debe relacionarse, mucho antes que con la moderación salarial, con los factores citados anteriormente más otros como el coste del dinero, la política industrial y el papel del sector público, y la necesaria coordinación de las políticas macro y microeconómicas de las administraciones. (Por cierto que uno de los factores que actualmente permiten una relativa competitividad es el bajo coste de la mano de obra y la precarización del mercado laboral).

El recientemente divulgado informe de la Comisión Europea sobre la industria española mantiene que una serie de sectores de producción están en una situación difícil ante el reto del Acta Única y que la economía española puede derivar hacia una situación marginal y de servicios básicamente turísticos de la Comunidad. Emprender realmente un camino de adecuación de la sociedad y potenciar aquellos factores, requiere compromisos a medio y largo plazo (fuera de urgencias electorales) en donde se prime: a) los factores estructurales; b) una auténtica contraprestación social redistributiva; c) el medio ambiente. Estos compromisos sólo son creíbles si vienen corroborados tras un diálogo social (la concertación, su segunda fase, y la PSP) y si se traducen en apuntes presupuestarios, obviamente con carácter plurianual.

Por último cabe plantear todo lo que atañe al modelo de Estado y a las libertades. Parece incuestionable la existencia de un bloqueo autonómico en lo que concierne al desarrollo del Estado. Ello comporta una irracionalidad añadida a todo lo anterior. La superposición de administraciones, la burocratización, son expresiones de duplicación de costes financieros y administrativos. A su vez los poderes locales continúan sufriendo el abandono y el raquitismo presupuestario. Y de esta situación el principal responsable es el Gobierno, su concepción centralista del poder y sus aliados (paradójicamente denominados nacionalistas) que se benefician del intercambio partidista. En este apartado se deben señalar también aquellas reformas pendientes o que se deben continuar, como el sistema fiscal o la de la administración de Justicia.

Finalmente, se debería incidir en el enorme campo de las libertades personales contenidas en la Constitución y hoy aún no consolidadas. Es el caso del derecho a la intimidad, de la libertad de conciencia, del aborto, de la extranjería, entre otros. En general todo este apartado, el del Estado, requiere un gran compromiso de defensa de las instituciones y de su utilidad democrática en una sociedad donde parece que avanza un proceso de erosión y desgaste de su credibilidad.

Rafael Ribó es presidente de Iniciativa per Catalunya y secretario general del PSUC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de marzo de 1991