Tribuna:LA REFORMA DE LOS ARRENDAMIENTOS URBANOSTribuna
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La necesaria derogación del 'decreto Boyer' de alquileres

El 30 de abril de 1985 el Gobierno aprobó un Decreto-ley de Ordenación y Medidas Económicas, llamado vulgarmente decreto Boyer de alquileres. Dicho decreto establecía en su artículo 8º la posibilidad de transformar las viviendas en locales de negocio independientemente de la calificación que le otorgasen los planes generales de urbanismo.En su artículo 9% el decreto suprimía la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos, dejando la derogación al acuerdo que "libremente" estableciesen las partes.

La justificación de la primera de estas medidas era, según consta en la exposición de motivos, "facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas". Con la liberalización de los alquileres se pretendía "la reducción de la presión del alza de los alquileres con beneficio para el propietario y arrendatario, lo que permitirá satisfacer las necesidades de vivienda a una generación de jóvenes que tienen dificultades para adquirir una vivienda".

La promulgación de este decreto constituyó en su momento una carga de profundidad contra la filosofía sostenida por la izquierda en materia urbanística y materializada en muchos planes de urbanismo que habían sido aprobados recientemente. Frente al criterio de que son los ciudadanos a través de sus representantes quienes deciden cómo y de qué manera desean construir su ciudad, se manifiesta en el decreto con toda su crudeza una filosofía neoliberal en la que la ciudad es una mercancía.

La promulgación de este decreto fue acompañada en su momento por una recomendación del propio presidente del Gobierno, Felipe González, en forma de circular a alcaldes y concejales, destinada a priorizar el fomento del sector de la construcción en detrimento de la necesaria e incipiente disciplina urbanística, calificando a esta última de mero "trámite burocrático".

Se ignora, tal vez intencionadamente, que en los países europeos de nuestro entorno los avances sociales en materia de vivienda y calidad de vida han sido la consecuencia de un fuerte intervencionismo en materia de suelo y vivienda, que ha llevado en su mayor parte a la municipalización del suelo urbano.

Han pasado ya seis años de la promulgación de esta norma y estamos ya en condiciones de valorar los efectos producidos por la misma siquiera sea en relación a los propios objetivos que definía en la exposición de motivos.

Especulación inmobiliaria

En lo que hace referencia a la transformación de viviendas de uso residencial en locales de negocio, es evidente que no ha sido un elemento importante en la creación de pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, ha sido un instrumento a la hora de favorecer la especulación urbanística a cargo de las grandes inmobiliarias.

En paralelo, ello ha fomentado la expulsión de la población popular de las zonas centrales de la ciudad, ya que existía la expectativa de transformar el uso de la vivienda. En los últimos años, cerca de 250.000 vecinos han debido abandonar el centro y desplazarse a la periferia.

Si analizamos las razones por las que se establecía la liberalización de alquileres, veremos que dicha medida ha sido un factor complementarlo de la anterior ya que, en primer lugar, ha propiciado una subida en la media de los alquileres de entre 80% o 90%. Entre 1985 y 1989, el número total de viviendas en nuestro país aumentó en 1.138.556 viviendas nuevas, mientras el número de viviendas puestas en alquiler descendió en 379.164 en las mismas fechas.

A la vista de estos datos, ante la especulación del suelo desatada y la situación de verdadera angustia social que viven aquellas personas que carecen de medios para adquirir una vivienda en propiedad, debería ser obligada la derogación del decreto Boyer si se quiere comenzar a abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva seria.

Es por estas razones que el grupo parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid ha presentado una propuesta de ley para que ambos artículos, el 8º y el 9º, sean derogados.

Isabel Vilallonga es portavoz de IU en la Asamblea de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 17 de marzo de 1991.