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Los inmigrantes ilegales en España oscilan entre 72.000 y 124.000 según un estudio

Un informe realizado para la Comisión de la Comunidad Europea por el sociólogo Antonio Izquierdo revela que de los cerca de 40.000 inmigrantes ilegales que en 1986 regularizaron su situación, sólo un 39% permanecía con sus papeles en regla tres años más tarde. Este documento apunta que el 51% de los irregulares no pide permiso de trabajo debido a presiones empresariales y excesivas exigencias administrativas. El informe estima los ilegales en España a principios de 1990 entre 72.000 y 124.000, cifras inferiores a las de estudios previos.

Entre 1985 y 1986, cerca de 40.000 extranjeros regularizaron su situación ante el Ministerio del Interior mediante permisos de estancia, residencia, trabajo y otros. Según el estudio sobre inmigración de terceros países en España realizado para la Comisión de la Comunidad Europea por Antonio Izquierdo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, a principios de 1990 sólo un 39% de quienes habían regularizado tres años antes su situación permanecía con sus papeles en regia.Cerca de 20.000 emigrantes que tres años antes habían obtenido permiso de estancia o de residencia no los habían renovado a principios de 1990, cifra a la que, según el autor, habría que sumar, entre otros, los cerca de 2.000 que no vieron resuelta su petición o fueron expulsados y que, presumiblemente, permanecían en territorio español. Este sociólogo, quien realizó un estudio sobre la regularización de los inmigrantes en España en 1989 para la OCDE, concluye que la operación de regularización "no se adaptó a los deseos de permanencia de los irregulares" y "no estableció los mecanismos adecuados para controlar los pasos de los implicados". "Desde estos presupuestos, los resultados fueron más bien escasos y la operación puede calificarse como un acto fallido", según Izquierdo, quien reclama una publicidad adecuada para un proceso de estas características y mayores garantías jurídicas para recurrir las resoluciones.

Otra de las conclusiones más sorprendentes del informe es la sustantiva reducción que ofrece de las cifras de emigrantes irregulares hasta ahora manejadas en España. Otros estudios llegaban a elevar la cifra de ilegales a casi 300.000. Izquierdo llega a otras conclusiones: A principios de 1990, según datos corregidos de Interior, existían 463.454 extranjeros regulares en España, frente a los 535.446 foráneos que viven habitualmente en España según el censo, por lo que estima que el volumen de irregulares, cuando menos, es de 71.992.

Porcentaje no regularizado

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Esta cifra podría elevarse a 124.000 si se considera, como hace este sociólogo, que las 40.000 personas que en 1986 se regularizaron sólo eran la mitad de las que estaban en España. Esto, corregido con la tasa anual de aumento de esta población, daría una cifra de 138.182 irregulares a principios de 1990. Descontados los 14.000 que siguen legalizados desde 1986. quedarían 124.182 irregulares.

El autor considera improbable que quienes se regularizaron en 1986 supusiesen sólo el 25%, de los clandestinos que había. Esta hipotésis elevaría a 250.000 los extranjeros indocumentados a principios de 1990. Para ello, tendrían que haberse establecido en España unos 33.000 inmigrantes irregulares cada año entre 1986 y 1990, es decir, más que el número de legales que se asienta anualmente.

El análisis de las solicitudes de las 40.000 personas que se legalizaron en 1986 arroja un sorprendente alto porcentaje (39%) de mujeres entre los inmigrantes irregulares. mientras que la tasa femenina en ese colectivo en Francia es sólo del 17% y del 28% en Italia. Esta presencia se debe a una doble circunstancia: "Una demanda laboral específica de mujeres (dominicanas, filipinas, guineanas, caboverdianas, pero también británicas, portuguesas, etcétera)" y una inmigración para reunirse en España con familiares. Así, de cada 100 ciudadanos de la República Dominicana en situación irregular en España, 89 son mujeres. porcentaje que es del 76% entre los caboverdianos, del 71% en los filipinos, del 61% en los franceses, del 59% en los brasileños, del 59%, en los guineanos y del 58% en los alemanes.

El estudio refleja que el 70% de los inmigrantes ilegales tiene menos de 40 años. La mayoría está en plena edad activa: el 83% se sitúa entre los 20 y los 50 años. Hay pocos inmigrantes irregulares con menos de 20 años (3,2%) y con escasa proporción de niños (0,9%). De ello se deduce que los inmigrantes irregulares no están en su mayoría casados y que aún hay pocas familias constituidas.

Como primera colonia irregular figura la marroquí (18%), seguida de la portuguesa (9%). Las restantes nacionalidades con mayor número de irregulares son, por orden decreciente: Senegal, Gambia, Argentina, Reino Unido, Alemania y Filipinas. La colonia africana suponía a principios de 1990 el 46% del total de los irregulares, seguida por los europeos (26%), latinoamericanos (17%) y asiáticos (9%).

Trabajo clandestino

Resulta significativo que de los 40.000 emigrantes clandestinos que regularizaron su situación en 1986, un 42% pidió permiso sólo de residencia, y no de trabajo. El estudio considera que se trata de falsos inactivos que trabajan clandestinamente, toda vez que jubilados y niños apenas representan el 10% de esta población.

Izquierdo plantea un reproche hacia la Administración: "Piden la residencia como mal menor. Les fue imposible reunir los requisitos exigidos para solicitar el permiso unificado de residencia y trabajo. Si no se quiere legalizar la explotación laboral regularizando sólo la residencia habrá que rebajar al mínimo las formalidades". El autor reclama "generosidad y sencillez- en los trámites y la participación en el afloramiento del trabajador extranjero clandestino de empresarios, sindicatos, ayuntamientos y otras entidades.

De las solicitudes se desprende una clara voluntad de permanencia, dado que sólo el 8% reclamó permiso para una corta estancia.

Barcelona y Madrid agrupan el 44% de los emigrantes irregulares. Les siguen en orden de importancia, Málaga, Baleares, Las Palmas, Gerona, Alicante y Valencia.

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