Carreteras: organizar nuestra red

En los últimos tiempos, hablar de nuestras carreteras es ya un tópico. Poco a poco, que no de repente, por mor de haber sido sumidas en el olvido durante años, ellas no han evolucionado con los tiempos, y se han convertido en una pesadilla que agobia a los ciudadanos que irremisiblemente, autobús o automóvil, tienen que utilizarlas para sus traslados diarios, en su trabajo y, a menudo, con motivo de sus descansos.Las carreteras, como todas las infraestructuras urbanas, se vinculan muy estrechamente a la vida de los ciudadanos, marcan de alguna forma nuestras cotas de calidad de vida y resultan ser un medio necesario para ejercer en toda su magnitud nuestras libertades del ocio, constituyendo Parte importante del derecho a la movilidad, sin el cual los otros derechos pueden verse mermados.

Esta cercanía al ciudadano, que se da en la infraestructura urbana y en los problemas medioambientales es recogida muy bien en la España del Estado de las autonomías. Las corporaciones autónomas y locales ejercen unas cotas muy altas de autogobierno en estas materias, a veces con competencias exclusivas.

Estas competencias autonómicas, a veces, no se calibran suficientemente en el caso de las carreteras por dos razones: la primera, porque el déficit de infraestructuras de carreteras es tan grande que se precisan voluminosas inversiones que sólo el Estado puede acometer, aunque sea preciso acudir a conciertos o contratos-programas por razón de las competencias, autonómicas. Recordemos el famoso plan Felipe, para las grandes urbes. La segunda razón es que suele argumentarse que un 50% del tráfico por carretera discurre por la llamada Red de Interés General del Estado. Pero, suele olvidarse que la red estatal cubre menos del 15% de la red.

Vías regionales

El 85% restante está a menudo olvidado y es muy heterogéneo. En efecto, hay carreteras de comunidades autónomas de importancia y rango igual a las estatales que en algunos casos soportan intensidades de tráfico superiores a 20.000 vehículos diarios, como la autovía de Colmenar Viejo.Otras soportan quizá tráficos más moderados o variables, pero son ejes de conexión intracomarcal; son, por así decirlo, una red de segundo orden respecto a la estatal, pero de primer orden comarcal por ser vertebradoras de la vida de las comunidades autónomas. Tal es el caso del eje Aranjuez-Villarejo de Salvanés.

Finalmente, hay una red local más tupida, en general perteneciente a las diputaciones, de una gran longitud y que forma como una red capilar que comunica los núcleos rurales, a veces los más olvidados, que necesitan estar bien comunicados con centros comarcales, de equipamiento, comerciales y de cultura, carreteras que cumplen un fin de desarrollo económico, social y cultural.

Pues bien, no podemos meter en el mismo saco todos estos tipos de carreteras y tratarlos con las mismas exigencias que a la red estatal, que está pensada con otros criterios, pues de este modo penalizaríamos a nuestras grandes carreteras sociales que son las locales. Y esto es lo que ocurre cuando no se hace legislación autonómica específica de carreteras.

Pero si vamos a regular esta mayoría de carreteras, conviene aprovechar la ocasión y reflexionar sobre algunos temas.

Regulación pareja

En primer lugar, hay que recordar cómo en épocas pasadas la necesidad de fuertes inversiones en el sector del urbanismo, que no fue acompañada de una regulación pareja, produjo un estallido momentáneo, que pudo parecer bueno entonces, pero que hoy nos ha legado el fruto amargo del desarrollismo salvaje, en especial en las zonas turísticas costeras. Sírvanos ello de lección y hagamos que nuestro desarrollo en carreteras, nuestros planes, no sólo respeten nuestro medio ambiente sino que se sumerjan en él como un elemento más, en auténtica armonía y respeto hacia los valores naturales, y con respeto también a los ciudadanos, con nuestro hábitat ciudadano y cultural, ecológico. En este sentido, la conciencia ciudadana cada vez es mayor. Recordemos, por ejemplo, el cierre del cuarto cinturón de Madrid, deseado por la mayoría de los ciudadanos pero conservando a la vez intacto el monte de El Pardo, como las páginas de este diario han reflejado. Por tanto, participación ciudadana -de los municipios sobre todo-, respeto medioambiental y planificación, que evite déficits como los actuales, son principios que deben guiar la normativa de carreteras regionales.Aún habría que referirse a la incardinación de las carreteras dentro de los planes de política territorial y de los planes de urbanismo para que no caminen ignorándose, como suele ocurrir. Y a la necesidad de que los ciudadanos recibamos más porcentaje de las plusvalías de la acción urbanística, por las carreteras, como reza el artículo 47 de la Constitución.

Con estas ideas se está aprobando en la Asamblea de Madrid una ley de carreteras. Quizá no colme todos estos propósitos, pero es un paso adelante en el buen camino, paso que podrá dar pie a otros y que, en algunos casos, podrá servir de ejemplo.