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El Gobierno nombrará representantes en el 'holding' que constituirá la ONCE

El Gobierno nombrará representantes en el Consejo de Administración del holding empresarial que va a constituir la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Éste es uno de los puntos pactados por la ONCE con la Administración en el curso de una negociación global, iniciada el 9 de octubre, que hoy recibirá refrendo gubernamental, y que incluye la autorización del nuevo cupón, paralizado el pasado año.

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La recaudación de 1990 fue de 260.000 millones
La organización presentará un plan de inversiones bienal

La negociación ha afectado también a aspectos como la integración de los trabajadores de la ONCE en el régimen general de la Seguridad Social, tutela, objetivos de recaudación hasta 1995 y control de las inversiones y los proyectos de la organización que dirige Miguel Durán.En la ONCE no se dan explicaciones sobre ninguno de los extremos objeto de una negociación que, según fuentes de la Administración que participaron en la misma, ha sido intensa. Ningún representante de la ONCE se ha mostrado dispuesto a aclarar los puntos negociados.

Entre los extremos más discutidos se encuentra el objetivo de recaudación. La ONCE solicitó autorización para conseguir incrementar su recaudación (260.750 millones en 1990) hasta alcanzar la cifra de 600.000 millones de pesetas en el horizonte de 1995. Tras intensas discusiones, la cifra, por parte de la ONCE, se ha rebajado hasta los 400.000 millones de pesetas en esa misma fecha. La cifra aceptada supone incrementar los ingresos anuales tres puntos por encima del objetivo de IPC previsto cada año. El nuevo cuponazo, que elevará la cuantía de los premios y fue retrasado el pasado año por carecer del preceptivo permiso del Consejo de Ministros, se da por aprobado y se pondrá en circulación tras su aprobación por el Ejecutivo.

La ONCE desea incrementar ingresos para atender sus compromisos y para afrontar sus planes de expansión y consolidación financiera.

En cuanto al holding empresarial en proceso de constitución, y en el que figurarán las participaciones más importantes de la ONCE (Banco Central, Banco Zaragozano, Portland Valderrivas, Focsa, BBV, Eroski, Ascorp, etcétera), los hombres de Miguel Durán solicitan que su funcionamiento se atenga estrictamente a reglas privadas. Las empresas que actualmente se integran en la Fundación ONCE -institución creada en 1987 para canalizar inversiones de interés social-, excepto los centros de formación, pasarán a formar parte del holding. La Administración se reserva el seguimiento y control de los puestos de trabajo que se creen en la nueva sociedad y el nombramiento, de representantes en el consejo de administración. Este punto, que no se ha plasmado en el acuerdo escrito final, se trató en el inicio de las negociaciones y se dio por aceptado por parte de la Administración.

Saldar cuentas

Pero para dar el definitivo visto bueno administrativo a estos extremos, la ONCE tiene que saldar cuentas. La Administración reclamaba a la organización de ciegos 6.000 millones de pesetas -el 3% de los ingresos obtenidos entre octubre de 1987 y agosto de 1988- en concepto de fondos que debieron ser destinados a la Fundación ONCE. Finalmente, el acuerdo establece que la fecha desde la que calcular la aportación de la ONCE por su fundación será el 24 de febrero de 1988 (fecha de su escrituración). La aportación oscilará en torno a los 3.000 millones de pesetas.El problema de los plazos afectó también a la otra gran cuestión de la organización: la integración de sus trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social. Si se descuentan los 4.401 trabajadores ya integrados en la Seguridad Social, el desembolso a realizar por la ONCE asciende, en el capítulo de pasivos, a 61.950 millones. El pago por la integración de los sujetos pasivos de la organización se realizará en dos tramos: primero se pagarán 25.000 millones de pesetas, y el resto, por plazos, durante 15 años. A la cifra hay que añadir otros 25.000 millones -los costes de integración de más de 11.000 trabajadores en activo-. En este capítulo, el acuerdo implica fijar un tipo de cotización adicional durante 30 años.

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