La organización presentará un plan de inversiones bienal

Uno de los puntos de discusión más importantes entre la Administración pública y la ONCE durante los meses de negociación ha sido la supervisión de las actuaciones e inversiones de la organización de ciegos.La ONCE ha reclamado siempre una mayor libertad de actuación en materia de planificación de sus ingresos e inversiones. Así, en cuanto al tutelaje de la Administración, el punto más destacable es que la ONCE deberá elaborar un Plan de Actuación de Inversiones Financieras (PAIF) con una periodicidad bienal.

No habrá aprobación inversión a inversión como sucedía hasta ahora. La filosofía del acuerdo, en este punto, es mantener la ONCE como una Corporación Pública de carácter social, con un control más global y más a posteriori de su actividad.

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La recaudación de 1990 fue de 260.000 millones

De esta forma, ni las cuentas, ni los presupuestos anuales, ni las inversiones precisarán refrendo previo. A cambio, la ONCE estará obligada a presentar una auditoría realizada por una empresa externa cada año.

La petición de la ONCE, de suprimir el Consejo del Protectorado, integrado por los Ministerios de Asuntos Sociales, Economía e Interior, un punto planteado por la organización al comienzo de los contactos, no ha sido aceptada.

En la Administración se destaca el hecho de que la organización que agrupa los ciegos se haya comprometido a coordinar sus actividades en materia social con la Administración.

En el futuro, la coordinación se plasmará en la firma de un convenio. Para asegurar dicha coordinación, en la Fundación ONCE habrá dos representantes de la Administración, con rango mínimo de directores generales, propuestos por la organización de ciegos.

Fundación e ingresos

La Fundación ONCE, que hasta el momento mantenía inversiones e intereses cruzados con el resto de la organización, se diferencia de manera clara del futuro holding. Permanece la obligación de destinar a la institución el 3% de los ingresos que obtenga la ONCE.De dicho 3%, un 1% como mínimo deberá destinarse a la creación de empleo para los minusválidos; otro 1 % a la eliminación de las barreras arquitectónicas y físicas, el resto, a las actuaciones de política social en sintonía con el Ministerio de Asuntos Sociales.

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