El fiscal Ollero niega que bloquease una denuncia a policías

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, negó ayer que hubiera bloqueado la tramitación de una denuncia sobre casos de corrupción de agentes policiales de Algeciras, en contra de lo que figura en un informe del defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, dirigido al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres.Ollero, que calificó de "gravísimas" las imputaciones de Gil Robles, afirmó: "De ningún modo se nos puede acusar de pasividad, ya que, en gran parte, gracias a la labor de esta fiscalía hay ahora mismo un total de 20 policías detenidos y otros ocho más por otra causa; por tanto, la fiscalía está, desde primera hora, interviniendo".

El fiscal de Cádiz consideró la actuación de su departamento sobre este asunto como "decidida" y agregó que, "si eso es desidia, evidentemente se nos exigirá mucho más que a la naturaleza humana".

Según el relato del fiscal gaditano, "las diligencias propiamente dichas, y hablo de memoria, se abrieron en el mes de mayo o finales de abril de este año". Ollero añadió que "correspondía ya al juzgado de la Audiencia Nacional seguir lo que nosotros iniciamos para la investigación de las, posibles corrupciones de la policía. "En este sentido, el Fiscal dijo desconocer los 20 meses que según Gil Robles transcurrieron entre la presentación de la denuncia y su tramitación".

Por otra parte, según informa Fernando Silva desde Algeciras, Ollero conoció la investigación sobre la corrupción policial desde las primeras averiguaciones de la Brigada de Régimen Interior de la Policía, en el mes de junio de 1988.

Según declararon fuentes judiciales, estas primeras investigaciones y un segundo intento, en enero del 89, resultaron infructuosas. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial se personó, en este caso, el 14 de mayo de 1990, cuando la instrucción consigue datos sobre la corrupción policial, más consistentes.

Ollero firmó el envío de la denuncia de los presos de nacionalidad marroquí y alemana sobre corrupción policial, el 8 de agosto del pasado año. Este escrito se recibió el 14 del mismo mes en el juzgado de instrucción número 3 de Algeciras, cuyo titular, Manuel Gutiérrez Luna, lo remitió al juez Carlos Bueren.

A mediados de septiembre, Gutiérrez Luna, por encargo de Bueren, recoge el testimonio de tres de los firmantes del escrito remitido al Defensor del Pueblo, que son los únicos que quedan en prisión en esa fecha. De ellos, dos hacían alusión en sus declaraciones a policías detenidos en relación con el caso Algeciras mientras que el tercero, Akdi Tahar, refería la implicación de guardias civiles en supuestos de corrupción. Sin embargo, el testimonio de este último marroquí apenas arroja resultados.

Las mismas fuentes consultadas por EL PAÍS no pueden explicar, sin embargo, por qué el fiscal jefe no puso en conocimiento del juez Gutiérrez Luna que investiga el caso, desde finales del 88, la existencia de la denuncia de los presos marroquíes contra policías de Algeciras remitida al defensor del pueblo en octubre de ese mismo año. El juez conoció la denuncia y la incorporó a su investigación.

"Diré cosas importantes"

Con todo, Jaime Ollero anunció: "Diré cosas irriportantes una vez que dialogue con Leopoldo Torres", con quien mantuvo serías discrepancias sobre el resultado de la investigación que inició en torno a la intermediación de Juan Guerra en favor del proyecto Puerto de La Plata, de Barbate. Mientras que Torres consideraba que no se habían encontrado indicios de delito en la actuación del hermano del ex vicepresidente del Gobierno, Ollero expresaba públicamente su opiníón contraria y presentaba posteriormente una querella por prevaricación contra el propio Juan Guerra.Precisamente, hace un mes Ollero manifestaba en declaraciones a EL PAÍS su malestar por el retraso que sufría su querella en el juzgado de Barbate, dado que la presentó en el pasado mes de julio y sin resultado alguno hasta ahora.