Las diputaciones vascas aceptan la regularización fiscal del Gobierno

Las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava aceptaron ayer la fórmula de regularización fiscal propuesto por el Gobierno, que consiste en el doble sistema de declaraciones complementarias incentivadas y en el canje de los pagarés forales y del Tesoro por un activo transitorio a seis años. El acuerdo alcanzado ayer, aunque pone fin a múltiples rechazos y propuestas alternativas, deja sin resolver un punto conflictivo: el interés del activo transitorio. Éste ha de pactarse antes del 14 de marzo, pues en caso contrario la regularización sólo podrá hacerse con complementarias.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el consejero de Hacienda del País Vasco, José Luis Larrea, dedicaron ayer sus mejores elogios a las conclusiones de la reunión de la comisión mixta del cupo que analizó las dos vías de regularización fiscal y, con más detalle, el sistema de desaparición de los pagarés forales y del Tesoro.La reunión concluyó, según los representantes de ambas haciendas, con la aceptación general de que la doble vía propuesta por el Gobierno es el sistema "más viable" de regularización fiscal. Los representantes de las diputaciones forales llegaron a este convencimiento pocas horas después de comentar que traían una vía alternativa, consistente en un pago único del 35% de la deuda tributaría.

Esta alternativa, que Larrea calificó después como parte del "mundo de las ideas", quedó descartada a lo largo de la reunión sin que aparentemente mediara ninguna contrapartida, según reiteraron los responsables de ambas haciendas.

"No hemos planteado ninguna moneda de cambio de una cosa por otra, ni hemos pretendido ligar todo, sino aislar los temas", aseguró Larrea, para descartar después que el conflicto sobre las normas de actualización de balances tuviera alguna relación con la rapidez del acuerdo. En palabras de Borrell: "No hemos discutido la actualización de balances porque no estaba en el orden del día".

La ausencia del conflicto abierto por las normas forales de actualización de los valores de los balances de las empresas no significa, según Borrell y Larrea, que se haya abandonado el interés por alcanzar, también ahí, un acuerdo. Con todo, no se ha convocado ninguna reunión con ese punto en el orden del día.

Evitar la amnistía

La "constructiva" reunión de ayer sirvió así -en palabras de Borrell- para sellar "un acuerdo casi total sobre la regularización fiscal por la vía de las declaraciones complementarias". El consenso también es total en la defensa de que "no puede haber una amnistía total o parcial para el dinero negro". Al llegar a este punto, el secretario de Estado destacó la importancia de que el activo transitorio que sustituirá a los pagarés "tenga un coste implícito equivalente al coste explícito de las complementarias".El tipo de interés de ese activo que mantendrá cautivo el dinero negro durante seis años definirá tal coste implícito. Según Borrell, "las diferencias [entre las haciendas Vascas y la central] sobre este tipo de interés son sólo de décimas". Para salvar esa distancia, el director general de Tributos., Miguel Cruz, coordinará un grupo de trabajo con representantes de todas las partes que debe concluir el diseño del nuevo activo antes del 14 de marzo, fecha en la que se sellará el acuerdo final.

El objetivo, para el Ministerio de Economía y Hacienda, es que ese activo transitorio "no se convierta en una puerta falsa que permita, de hecho, una amnistía parcial en comparación con las complementarias".

A pesar del buen ambiente que reinó ayer en la comisión mixta del cupo, Borrell comentó que existe la posibilidad de que, finalmente, no se alcance un acuerdo sobre cuál debe ser el tipo de interés único del activo que sustituirá a los pagarés. Si esto llegara a ocurrir, el dinero negro sólo contaría con una vía de regularización fiscal: las declaraciones complementarias. Tal amenaza se apoya en que una diferencia de tipos o plazos llevaría -a juicio de Borrell- "al dumping fiscal" entre distintas áreas del territorio del Estado.