Aplazadas las negociaciones sobre financiación autonómica hasta después de las municipales

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, anunció ayer que las negociaciones para la elaboración del nuevo esquema de financiación autonómica se retrasarán hasta junio. El motivo que esgrimió Borrell para este retraso es la necesidad de "elaborar un estudio para analizar la evolución del actual sistema de financiación". Borrell no mencionó, sin embargo, que en junio ya habrán concluido las elecciones autonómicas.

Hacienda y las Comunidades Autónomas deben fijar este año el nuevo esquema de financiación autonómica para el próximo quinquenio, que relevará al existente desde 1986. En principio, las negociaciones iban a comenzar en diciembre, pero ahora se han retrasado por tres motivos: las elecciones autonómicas, la aprobación final de los nuevos impuestos sobre la renta y el patrimonio y, según Borrell, la necesidad de elaborar un estudio sobre el impacto del anterior sistema. Este aplazamiento fue criticado por algunos consejeros, como el catalán Maciá Alavedra, al término de la reunión mantenida ayer por los consejeros de Hacienda de las autonomías y Borrell.El retraso en la aprobación de las nuevas leyes de renta y patrimonio es una de las principales causas del retraso porque la mayor parte de las comunidades autónomas tienen transferido el impuesto sobre el patrimonio, con lo que les afecta directamente cualquier eventual caída de la recaudación de este tributo. También es relevante la recaudación en renta porque parte de los ingresos que reciben desde el Estado están calculados a partir de la recaudación del IRPF. En este sentido, Borrell recordó que el coste de la reforma, con las enmiendas ya introducidas en el informe de la ponencia, es de 390.000 millones de pesetas; a lo que hay que sumar las que se están pactando en estos momentos en Comisión. Si se admitieran todas las presentadas en la mesa fiscal, el coste rondaría el medio billón.

El impacto de la reforma en las autonomías depende, en buena medida, de la regularización fiscal, ya que los fondos; que se blanqueen a través del activo de transformación a seis anos pasaran a engrosar el patrimonio de los contribuyentes, es decir, tributarán en un impuesto cedido a las comunidades autónomas.

Los representantes de la comunidades autónomas, según afirmó Borrell tras la reunión, mostraron su preocupación por la pérdida de recaudación que va a suponer la reforma. El consejero de la Hacienda navarra, comentó, como dato paradójico, que los mismos partidos que en el Congreso solicitan mayores recortes muestran su preocupación por los mismos al llegar a la comunidad autónoma que gobiernan.

El nuevo esquema de financiación autonómica no incluirá, en ningún caso, la cesión de la gestión de impuestos, tal y como ha solicitado la Generalitat de Cataluña para el impuesto de la renta.