El Congreso eleva a 10 millones de pesetas el mínimo exento para el 'ahorro popular'

El denominado pacto fiscal amenaza con convertirse en un largo y difícil parto. Ayer, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso dio algunos pasos. En concreto, acordó la elevación a 10 millones de pesetas del mínimo exento para el ahorro popular y ampliación de este beneficio fiscal a las inversiones en seguros, valores y títulos públicos. También se aprobó elevar a 1,2 millones de pesetas la obligación de tributar para los pensionistas. Sin embargo, quedan aún pendientes de cerrar aspectos como la reducción de la tarifa del IRPF, sobre los que Hacienda analiza su coste para dar vía libre o sacar la tijera.

La rebaja de la tarifa, el aumento de la deducción de las rentas del trabajo y mejoras en la tributación de la vivienda, están pendientes de la generosidad de Hacienda. Los acuerdos alcanzados hasta ahora suponen un coste recaudatorio de 390.000 millones de pesetas, según fuentes parlamentarias socialistas. Si se atendiera a todas las peticiones que están ahora sobre la mesa, el coste, tirando por lo bajo, ascendería a otros 100.000 millones de pesetas.Fuentes socialistas señalan que este coste puede ser asumido por Hacienda si la implantación del NIF, la puesta en marcha de la Agencia Tributarla y la regularización fiscal se traducen en un aumento de la recaudación. Hacienda, por el momento, tiene una parte del león del pacto fiscal en la jaula, hasta que se adopte una decisión política. Ayer, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ató algunos cabos con los grupos parlamentarios en los pasillos del Congreso.

La decisión de impacto más general es la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta. Los grupos han acordado que en el año 1993 el tipo mínimo quede en el 18% y el máximo en el 50%. Para 1992, el acuerdo aún no ha cuajado, pero puede quedar en una horquilla de entre el 20% y el 54%. El problema es que cada punto que se mueva en la tarifa tiene un coste de 45.000 millones de pesetas en la parte baja de la tabla y de 35.000 millones en la parte alta.

También ha quedado pendiente la elevación desde el 5% previsto en el proyecto de ley de renta para la deducción por rendimientos del trabajo personal, al 6% -como propone Izquierda Unida-, con un coste por cada punto que se eleve de 35.000 millones de pesetas.

Otro tema pendiente es la elevación de la deducción por los intereses pagados por la compra de vivienda habitual de 800.000 pesetas a 900.000, y la elevación a tres millones de pesetas del límite de renta anual para poder deducir las cantidades pagadas en concepto de alquiler de vivienda.

Si el coste fiscal es determinante para que Hacienda dé vía libre a estos acuerdos, la afloración del dinero negro se contempla más como una decisión política. Algunos parlamentarios comentaron ayer las dudas que empiezan a cundir sobre si la propuesta del Gobierno -complementarias y pagarés del Tesoro- puede tener éxito. Esta duda, planteada por el representante del grupo catalán CIU, y compartida por algunos sectores socialistas, puede dificultar un acuerdo global sobre este aspecto.

Desmarcados

El PNV que, junto con el PP son los grupos parlamentarios que se han desmarcado del gran pacto, espera "un gesto" del Gobierno para sumarse. Ayer lo proporcionó el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, al apuntar que está dispuesto a estudiar una regularización de balances para las empresas, pero en el ámbito estatal y no en una sola comunidad autónoma como plantea el Gobierno vasco.

El pacto fiscal se descuelga pues en un gota a gota, que puede durar hasta la terminación del trámite parlamentario, hacia el mes de abril. Ayer el Congreso acordó elevar de cinco a 10 millones de pesetas el mínimo exento para los rendimientos de las cuentas de ahorro popular y ampliar este beneficio a las inversiones en seguros, valores y títulos públicos. También, elevar a 1,2 millones de pesetas el límite a partir del cual los pensionistas; tendrán que declarar el impuesto sobre la renta.

Se ha restablecido, por otra parte, la imputaclón del 2% del valor catastral de la vivienda habitual como ingreso, ante la anulación de la revisión del catastro. Está pendiente de acuerdo liberar de tributa.ción una cantidad por este concepto para su entrada en vigor cuando se actualice otra vez el catastro. También se acordó ayer que las plusvalías generadas por empresarios y profesionales y que se inviertan en actividades similares, queden exentas de tributación.