Los médicos del Severo Ochoa se niegan a seguir realizando abortos de toda España

La tardanza en poner en marcha las unidades de reproducción que debían normalizar el aborto legal en la sanidad pública, unido a la exigua cantidad recibida en 1990 (25.000 pesetas) como reconocimiento a la productividad, ha cerrado una de las pocas puertas abierta a las mujeres necesitadas de interrumpir un embarazo en circunstancias extremas: el servicio de ginecología del hospital Severo Ochoa de Madrid. Javier Salmeán, jefe del servicio, responsabiliza a la Administración de su negativa a continuar, como centro de referencia nacional para abortos de alto riesgo.

Entre estos abortos se encuentran las interrupciones de embarazo en mujeres portadoras del sida; pacientes que casi ningún otro centro quiere atender. Adolfo Marqués, subdirector de asistencia hospitalaria en el Insalud, se reunió ayer con Salmeán para intentar buscar una solución al conflicto."Nos han apretado demasiado. En el aborto han manejado el voluntarismo y las inquietudes ideológicas de la gente. No es tan importante el tema económico, pero cada vez vienen más abortos de fuera de nuestra área y supone una sobrecarga añadida a nuestro trabajo. Las pacientes de la zona generan muchos partos, oncología. Hay lista de espera y la gente está agotada", afirma Salmean.

El hospital Severo Ochoa, situado en Leganés, localidad cercana a Madrid, se caracterizó desde que entró en vigor la ley del aborto (agosto de 1985), por contar con médicos que acogían sin reparos las interrupciones voluntarias del embarazo incluidas en la ley que surgían en el área que tienen asignada y en otros puntos de España. Esto hecho lo convirtió en centro de referencia para aquellos casos que, por sugestación avanzada o por el estado de salud de la mujer, no podían resolverse en los centros privadas que atienden el 95% de la demanda de abortos.

La dirección provincia] del Insalud en Madrid cifra en 178 los abortos realizados en 1990 en hospitales públicos a mujeres llegadas de otras comunidades autónomas. 136 de ellos tuvieron lugar en el hospital Severo Ochoa. "Se trata de un volumen pequeño -hacemos una media de tres abortos al día- pero son enfermas difíciles, complicadas; y parece que a nivel político no hay suficiente interés en incentivar a la gente. Personalmente no hubiese tomado esta medida", dice Salmeán, "pero no puedo ser insolidario con el equipo. Hace dos años dejamos de hacer ligaduras de trompas porque no teníamos quirófano. Después hemos dejado otras patologías porque, aunque sean prioritarias, no tienen la urgencia de un aborto. Nosotros seguimos asumiendo los casos que nos lleguen de nuestra área".

Un portavoz del Insalud señala que el detonante en el plante de los ginecólogos del Severo Ochoa ha sido la cantidad recibida como complemento de productividad -25.000 pesetas, frente a las 200.000 que ha habido de media en otros hospitales- pero sitúan las raíces del conflicto en la oposición de José Saravia, gerente del centro a montar la Unidad de reproducción.

Estas unidades, anunciadas por el ministerio de Sanidad para la primavera de 1990, se diseñaron precisamente como un medio de incentivar profesionalmente a los médicos que hacen interrupciones de embarazo. El Insalud entregó el último trimestre de 1990 a José Saravia, entre otros gerentes, los 15.000.000 de pesetas presupuestados para su dotación, pero aún hoy no hay ninguna de esas unidades funcionando.

Estas, dependen directamente de los directores médicos de los hospitales, y estarán formadas por cinco médicos de la plantilla del hospital o contratados para realizar abortos, diagnóstico prenatal, tratamiento de esterilidad y anticoncepción quirúrgica. Sus facultativos no pueden alegar objección de conciencia.