El tribunal del 'caso Calpe' considera válidas las escuchas a los inculpados

La Sección Primera de la Audiencia de Valencia defendió el valor de "prueba documental" de las escuchas telefónicas a los acusados en el denominado caso Calpe en la primera jornada de la vista oral del juicio iniciado ayer. El tribunal no compartió la alegación de las defensas de considerar "inconstitucionales e ilegales" estas grabaciones y denegó la solicitud de suspender la vista. Cuatro personas se sientan en el banquillo, acusados de estafa por un presunto intento de soborno a cambio de la recalificación de unos terrenos en Calpe (Alicante).

El fiscal considera probado que Inmaculada Sancho, funcionaria de la Consejería de Urbanismo, el también funcionario y arquitecto Rubén Muñoz y dos intermediarios pidieron 300 millones de pesetas por la recalificación de la zona denominada Las Salinas de Calpe a sus propietarios, para que fuera urbanizable. Los abogados defensores de los inculpados y el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, mantuvieron un enfrentamiento jurídico durante el inicio del juicio sobre la validez constitucional y legal de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los acusados.Estas escuchas, ordenadas por Beltrán después de una denuncia formulada en noviembre de 1989 por la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, quien tuvo conocimiento de las negociaciones ilegales, tuvieron como objeto comprobar si dos funcionarios de Urbanismo y dos intermediarios pidieron a los propietarios de los terrenos -calificados como zona verde- 300 millones de pesetas para convertirlos en urbanizables.

Tentativa de estafa

El resultado de estas grabaciones telefónicas originó la acusación del delito de estafa en grado de tentativa contra Imnaculada Sancho, Rubén Muñoz, José Muñoz, padre de éste, y el agente de la propiedad Juan José Ortega, los dos últimos en calidad de intermediarios. El caso Calpe provocó la destitución por el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, del entonces consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, a pesar de que no aparecía inculpado en las diligencias.La investigación del fiscal Beltrán -que actuó como acusador en la instrucción inicial del denominado caso Naseiro- desveló, poco después, otro escándalo urbanístico en la adjudicación de unos terrenos en Paterna (Valencia). Este asunto, conocido como caso Blasco, implicó al ex consejero, a varios altos funcionarios del Instituto Valenciano de la Vivienda y al empresario francés Jacques Lacroix, que supuestamente quiso adquirir los terrenos.

Enrique Beltrán rechazó los argumentos del defensor de los funcionarios, Carlos Verdú, que alegó que las escuchas telefónicas a que fueron sometidos sus clientes fueron inconstitucionales, ilegales y "por tanto inválidas como prueba judicial".

En una discusión jurídica sobre derecho comparado, el representante de la acusación pública y los de las defensas cruzaron criterios enfrentados sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo acerca de la validez de las grabaciones telefónicas como prueba judicial.