539.000 mujeres son las principales beneficiarias de las pensiones no contributivas que están ya en vigor

La Ley de Pensiones no Contributivas, que ha entrado en vigor esta semana, beneficiará fundamentalmente a las mujeres de zonas rurales de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Murcia, Canarias y Galicia. El colectivo afectado es de 700.000 ancianos y minusválidos que carecen de recursos, de los que 539.000 son mujeres. Del total, 150.000 personas no reciben ninguna pensión en la actualidad y 550.000 tendrán una mejora de la protección.

Los potenciales beneficiarios pueden ya solicitar la pensión no contributiva -para la que no es necesario haber cotizado previamente- en las oficinas de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Servicios Sociales y de las Comunidades Autónomas. Se les exigirá la prueba de recursos", consistente en demostrar que tienen unas rentas iguales o inferiores a la pensión correspondiente según los miembros de la unidad familiar.Cuando el beneficiarlo vive sólo debe tener unas rentas inferiores a 364.000 pesetas al año; si convive con su cónyuge o un famillar hasta el segundo grado deben reunir ingresos menores a 618.800 pesetas; en el caso de que sean tres los miembros de la unidad familiar, el tope son 873.600 pesetas. Para los ancianos que viven con un hijo -y los minúsvalidos convivientes con el padre o la madre- las rentas exigidas se multiplican por 2,5 y los recursos deben ser inferiores a 1,5 millones de pesetas anuales cuando los convivientes sean dos y a 2,1 millones si son tres.

La cuantía de la pensión que se percibirá cuando haya un beneficiarlo será de 26.000 pesetas mes por 14 pagas; para dos personas de la misma familia el incremento es del 70% y las pagas serán de 44. 100 pesetas; cuando la unidad familiar tenga tres beneficiarlos la prestación será de 62.350 pesetas.

El coste total de las nuevas prestaciones es de 456.852 millones de pesetas, de los que 232.271 millones suponen un incremento del gasto actual por la transformación de las prestaciones de beneficencia -las pensiones FAS y LISMI de 23.590 pesetas mes-, los nuevos pensionistas, y el aumento de la protección familiar.

Las ayudas familiares por hijo a cargo también se modifican y pasan a ser de 36.000 pesetas anuales para quienes tengan rentas inferiores a un millón de pesetas -se incrementa esa cifra un 15% por cada hijo más-. Cuando haya hijos minusválidos no se exige límite de recursos.

La entrada en vigor de la ley de pensiones no contributivas da cumplimiento a la promesa electoral del PSOE, recogida en el programa de 1989, aunque el Ministerio de Trabajo empezó las tareas preparatorias en la primavera de 1987. Para ello realizó un estudio sociológico que reveló que la situación de la población masculina y femenina de la tercera edad es muy diferente, ya que el 90% de los hombres tienen pensión, mientras que el 80% de las mujeres no cobran directamente ninguna prestación.

El estudio revelaba una práctica unanimidad entre los encuestados; el 91% estimaba que el hecho de haber pagado cuotas a la Seguridad Social no debe ser el requisito fundamental para recibir una pensión y el 56% opinaba que el Estado tiene la obligación de garantizar un bienestar mínimo a todos los ancianos y minusválidos sin recursos. Incluso la mayoría mostraba su predisposición a pagar más impuestos con ese destino.

La ley limita el campo de la beneficencia y amplía el de los derechos subjetivos contemplados en la Constitución, según el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, para quien así, se aplica "un sistema de solidaridad con los viejos, que se paga con impuestos y con un trasvase de rentas de activos hacia quienes no tienen recursos y los incapacitados".