El Gobierno justifica la campaña del condón por la prevención de la salud

La Audiencia Nacional dictará en breve sentencia sobre el recurso de Marta Silvela y Acción Familiar contra la campaña de promoción del condón Póntelo, pónselo, hechas ya las alegaciones por los demandantes, que acusan al poder público de injerencia en el ámbito privado de las relaciones sexuales, y por el abogado del Estado, para quien la Administración cumple su deber de prevención e información.La demanda fue interpuesta en noviembre último. Tanto Silvela como Acción Familiar pidieron que, mientras se resolvía su recurso, se suspendiera la campaña, a lo que se opuso el abogado del Estado, quien invocó el interés general. En cambio, el fiscal informó a favor de la suspensión de la campaña, por considerar que tal medida no perjudicaría "gravemente" el interés general. El 17 de diciembre de 1990, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional denegó la suspensión cautelar solicitada, en atención a los "fines, destinatarios y objetivos" de la campaña.

Abierto el plazo de alegaciones, el letrado Pedro Menchén, en nombre de los demandantes, razonó su petición de que se declare que la campaña atenta contra la integridad moral de la persona y el derecho de los padres a la formación religiosa de los hijos y, en consecuencia, la anule y condene a la Administración a indemnizar por los daños y perjuicios causados.

El abogado del Estado Francisco Ruiz Risueño solicitó la desestimación de la demanda por entender que la campaña no vulnera derechos fundamentales, sino que responde al deber de la Administración de preservar la salud e informar.

Silvela y Acción Familiar negaron las pretendidas finalidades sanitarias de la campaña, ya que, alegaron, no existen informes de ese carácter sobre la incidencia del preservativo en la transmisión de enfermedades, en especial el sida, sino sólo estudios sobre sexualidad juvenil. Asimismo, la impugnaron por no ser de prevención sanitaria, sino "de adoctrinamiento sexual".

El abogado del Estado niega que la campaña enmascare el adoctrinamiento sexual, ya que no existe una relación entre el uso del condón y el aumento de las relaciones sexuales. En todo caso, asegura que la campaña no viola derechos fundamentales, sino previene contra enfermedades y embarazos no queridos.