Acosta defiende la Ley de Capitalidad

La ponencia alternativa presentada por el sector acostista (José Acosta, Teófilo Serrano) para su debate en el congreso de la Federación Socialista Madrileña (FSM) que comienza el 1 de febrero defiende la aprobación de una Ley de Capitalidad para la ciudad de Madrid. El actual equipo de gobierno en la comunidad autónoma, encabezado por el líder del otro sector de la FSM, Joaquín Leguina, se ha mostrado siempre reticente ante esta posibilidad, y de hecho la aprobación de tal ley -prevista en el estatuto- ha sido demorada durante sus ocho años de gobierno.

En el último debate sobre la Ley de Capitalidad -defendida por el Partido Popular-, el PSOE expuso que es preferible un acuerdo de escala nacional, suscrito por los grupos parlamentarios del Congreso; y rechazó, por tanto, la propuesta presentada en la Asamblea. Eduardo Mangada, consejero de Política Territorial, ha llegado a decir que la derecha pretende con esa ley construir un donuts en Madrid, de modo que el Ayuntamiento sea una comunidad autónoma dentro de otra.La ponencia acostista indica ahora que en la próxima legislatura madrileña "se deberá aprobar la Ley de Capitalidad para Madrid, que deberá regular, ademas de las relaciones entre las tres administraciones implicadas y de aspectos organizativos especificos del Ayuntamiento de Madrid, los costes de capitalidad".

Estos costes se derivan de que el Estado no paga al Ayuntamiento impuestos como el de contribución urbana (ahora Impuesto de Bienes Inmuebles) por los edificios de su propiedad en la capital (cifra que alcanzaría unos 11.000 millones de pesetas), y de que el Ayuntamiento debe cubrir los gastos de las visitas de gobernantes extranjeros, regular las manifestaciones de diversa índole referidas a problemas del Gobierno y prestar numerosos servicios al Estado. La propuesta del PP pretendía que los Presupuestos Generales incluyan cada año una subvención a la capital.

Vivienda

En el capítulo de vivienda, la ponencia alternativa indica: "La FSM debe impulsar los programas electorales que permitan a los gestores socialistas de nuestra región un compromiso con la sociedad para facilitar el acceso a una vivienda digna". Entre los objetivos, sitúa "la promoción directa de vivienda con destino a los sectores de población de difícil acceso, incluso, a un mercado de suelo intervenido por la Administración. Este tipo de promoción debe hacerse preferentemente en régimen de alquiler".En las páginas dedicadas a los transportes, la ponencia incluye el objetivo de mejorar los servicos públicos porque "la oferta de un transporte colectivo de calidad refuerza la legitimidad moral de las Administraciones públicas para imponer medidas coercitivas tendentes a limitar el uso del vehículo privado en las áreas que lo requieren". Más adelante propone "la instalación de un sistema de información flexible en las pa radas, para dar a conocer a los usuarios las frecuencias y los tiempos de llegada, junto con las modernas marquesinas". Todo ello complementará "un servicio cada vez más atractivo según se vayan descongestionando sus rutas".

En el capítulo referido al Metro, el texto explica que "deberá acometerse en los próximos anos la prolongación de líneas existentes".

En sus folios finales, la ponencia propone un "pacto social por el medio ambiente" en el que tomarían parte los "agentes sociales, sindicatos y partidos políticos"; un pacto "que permita la reflexión y la coincidencia sobre nuestro entorno".

Y es en este marco medioambiental donde se incluye este párrafo: "Se desarrollará una política de tráfico que regule las limitaciones en el centro urbano y evite los problemas derivados de una excesiva congestión".