El PSOE habla con el Partido Aragonés sobre la fecha electoral

Juan de Dios Izquierdo, portavoz socialista en el debate parlamentario sobre la Ley Electoral, convocó a una cena de trabajo, que se celebró el pasado viernes, a José María Mur, presidente y diputado del Partido Aragonés, con el intento de atemperar la dura posición de esta formación política frente a la convocatoria de elecciones autonómicas para el 26 de mayo, según han informado fuentes de este partido consultadas en Zaragoza.El Partido Aragonés (el Par, denominado antes Partido Aragonés Regionalista, PAR) sostiene, coincidiendo con técnicos de otros Gobiernos regionales y juristas expertos en legislación autonómica, que la fecha prevista es inconstitucional, porque supone recortar en dos meses el mandato de cuatro años establecido por los estatutos (ya que los Parlamentos deben ser disueltos en marzo o abril). Y agrega que la convocatoria de elecciones es una competencia de los presidentes regionales, arrebatada ahora en esta reforma de la Ley Electoral.

La cena entre Izquierdo y Mur se celebró apenas unas horas después de que este último amenazase con que el Par, que gobierna en Aragón, no firme la convocatoria de elecciones en esa comunidad. La ley electoral aragonesa, derivada del estatuto, otorga al presidente regional la facultad de convocar las elecciones una vez vencido el mandato.

El portavoz socialista, según las citadas fuentes, intentó durante la cena "quitar hierro" a la situación, y "dejó las puertas abiertas" para un acuerdo, aunque sin explicar con qué fórmula. El representante del Par se mostró "flexible", pero pidió que el PSOE acepte sus enmiendas en el Senado. Mur señaló también que los aragoneses no podrán entender que sus elecciones las convoquen el PNV y Convergéncia (que suscribieron el pacto de reforma de la Ley Electoral, junto con PSOE, PP y CDS), mientras que los aragoneses no tienen capacidad para decidir sobre los comicios del País Vasco y Cataluña.

Lo que subyace en esta polémica es la facultad de unos Gobiernos autónomos para convocar elecciones anticipadas frente a la imposibilidad de otros -impedida por sus propios estatutos- de tomar idéntica decisión.

El PSOE defiende en esta polémica que dejar libertad a las comunidades para convocar sus elecciones implicaría diseminarlas por el calendario, y explica que la reforma de la Ley Electoral es un cambio técnico, "de operatividad", que no reduce las competencias autonómicas.