"El Gobierno no tiene que consultar con los obispos lo que va a legislar"

Las relaciones entre el episcopado católico y el Gobierno están viviendo uno de sus peores momentos desde que el PSOE llegó al poder en 1982. Los obispos han lanzado duras críticas contra el Ejecutivo, al que acusan de "potenciar el laicismo radical que descristianiza España", al tiempo que piden al Gobierno que les tenga presentes al lanzar sus iniciativas. El director general de Asuntos Religiosos, Luis María de Zavala, asegura que el Gobierno "no tiene que consultar con los obispos lo que va a legislar".

Agustín García Gasco, secretario general del episcopado, sugería el pasado mes de noviembre que el Ejecutivo debía haberles consultado la polémica campaña sobre el uso del preservativo antes de ponerla en marcha. Zavala, en cambio, se muestra partidario de mantener la negociación en el terreno prescrito por los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede."Es patente que las relaciones están atravesando sus peores momentos", explica Zavala, quien en estos días se recupera de una úlcera que gráficamente describe el estado de las relaciones. Desde que hace dos años tomó posesión de Asuntos Religiosos -el 20 de enero de 1989-, Zavala se ha esforzado por mantener una actitud conciliadora, en ocasiones acrobática, en temas tan conflictivos como la LOGSE, la campaña gubernamental sobre el uso del preservativo y las recientes declaraciones o documentos de los obispos, con duras acusaciones al Ejecutivo.

"El episcopado ha acusado al Gobierno de estar descristianizando España y eso es incierto", dice el director general, quien no quiere utilizar la expresión "falso" en aras de una futura, pero lejana mejoría de relaciones.

Acusación injusta

La de los obispos es una acusación injusta", concluye. Una de las pruebas de que no se practica ese "laicisirno radical" del que los obispos acusan al Ejecutivo se ve, a juicio del director general, en que los acuerdos se cumplen en asuntos como el económico, entre otros, por el que la Iglesia percibe 15.000 millones de pesetas por vía de asignación tributaria -impuesto religioso- y de la dotación presupuestaria.

Zavala agrega: "La Iglesia recibe del Estado 200.000 millones de pesetas en diversos conceptos; no quiero con ello recordar nada, pero es un elemento para considerar que la colaboración es buena y ello desautoriza la acusación de que el Gobierno promueva el laicismo radical".

Sin embargo, no es ese el diagnóstico del episcopado, molesto con el Gobierno por muchas cosas, entre otras por iniciativas legislativas, la congelación del impuesto religioso o la espera que el presidente de los obispos, cardenal Ángel Suquía, mantiene desde hace más de seis meses en las puertas de La Moncloa. Felipe González no tiene previsto recibirle por el momento.

A juicio de Zavala, el principal elemento de enfado de los obispos es la actuación general del Gobierno. "Sin embargo, de los documentos de los obispos no se deduce que la Iglesia quiera intervenir directamente en política, a través de un partido democristiano, que ya fracasó electoralmente; los católicos", en opinión del director general, "han superado cualquier forma de partido político confesional".

"Por otra parte, si la Iglesia añorara el periodo nacional-católico, eso supondría la vuelta a una etapa superada, aunque en los documentos del episcopado aparece una preocupación por la regulación social o control social", asegura.

Zavala, con la cautela que ha caracterizado sus años de gestión, pasa de puntillas sobre la pregunta de qué molesta más al Gobierno si los ataques que se le hacen desde los medios de comunicación de la Iglesia o desde los documentos de los obispos. "En principio, al Ejecutivo no le preocupan estos temas: los medios de comunicación y el episcopado tienen pleno derecho a expresarse, como lo tiene el Gobierno", dice.