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Reportaje:

Pocas leyes para el Parlamento

Sólo la LOGSE y los presupuestos fueron remitidos a las Cortes en 1990

Anabel Díez

El Gobierno ha vivido de las rentas de su trabajo en la legislatura anterior, dado que la mayoría de los proyectos de ley que ha remitido a las Cortes durante 1990 fueron elaborados en el año 1989, pero tuvieron que ser aparcados por la disolución de las Cámaras. El único proyecto presentado y aprobado durante el año que acaba de terminar ha sido la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), además ele los Presupuestos Generales. El Ejecutivo, no obstante, considera que ha remitido suficiente trabajo a las Cortes, toda vez que 25 leyes, en distintas fases de elaboración, esperan su aprobación tras haber sido enviadas por el Consejo de Ministros.

Aunque los representantes del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), asegura que el control al Ejecutivo es "insuficiente" el Gobierno abruma con cifras señalando que ha respondido por escrito más de 4.000 preguntas parlamentarias, 350 orales en pleno y 447 en comisión, además de 33 interpelaciones. Los datos demuestran que este primer año de legislatura no se ha caracterizado por grandes novedades legislativas sino por las iniciativas de control al Gobierno, aunque su resultado haya producido un grado de satisfacción desigual entre los interpelantes. Con la excepción de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), elaborada por el ministro de Educación, Javier Solana, que fue aprobada el 13 de septiembre de 1990, y los Presupuestos Generales del Estado, el resto de las leyes provienen de la legislatura anterior y se vieron interrumpidas en su tramitación por la disolución de las Cortes previa a las elecciones de octubre de 1989.

Así el Gobierno ha podido vivir de su trabajo anterior, aunque defienden que al tener más tiempo las leyes han sido "perfeccionadas" en algunos aspectos, lo que ha coincidido con el estado de ánimo de distintos ministros que se declaran con "menor impulso" por la incertidumbre que arrastran desde hace meses, ya que desconocen si el presidente del Gobierno, Felipe González, cuenta con ellos o por el contrario va a removerles de sus puestos.

Leyes trascendentes

Entre las leyes aprobadas fruto de la iniciativa de la anterior legislatura está la de prestaciones no contributivas, la reforma del régimen urbanístico y valoración del suelo, la ley del Medicamento, la ley del Deporte y, finalmente, las normas que regulan el régimen fiscal de las cooperativas. El nuevo curso parlamentario tiene por delante el debate y, aprobación de leyes de transcendencia tales como la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el impuesto sobre el Patrimonio, (actualmente en fase de negociación con CIU y el CDS), y la ley de Arrendamientos Rústicos, todas ellas en tramitación parlamentaria.

No es el caso de determinadas leyes que por razones de índole política o de "idoneidad del momento" se siguen posponiendo, tales como el control del uso de la informática para preservar la intimidad de las personas, la ley del jurado o la cláusula de conciencia y el secreto profesional, demandadas éstas por Izquierda Unida, el Centro Democrático y Social y el Partido Popular desde la pasada legislatura incluso con la presentación de textos en forma de proposiciones de ley. Los grupos parlamentarios de la oposición más satisfechos en este primer año de legislatura han sido CiU, el CDS y en cierta medida el Partido Nacionalista Vasco, toda vez que han visto prosperar una parte de sus propuestas en forma de mociones.

Los centristas han conseguido que salgan adelante más del 50% de sus mociones en las que se instaba el ejecutivo a adoptar medidas de la más diversa índole. Los portavoces de estos grupos se afianzan en su estrategia de pacto y pese a las acusaciones de "entreguismo" aseguran que continuarán al considerar que resultan útiles a sus electores al conseguir que el Gobierno se avenga a aceptar iniciativas de la oposición.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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