Una reconversión desordenada

La sustitución, en el suministro energético de gas, del manufacturado o de producción industrial por el natural o extraído de yacimientos constituye un proceso de gran impacto para los lugares donde se realiza y para la vida en ellos de sus habitantes. Tal proceso se encuentra ahora entre nosotros en sus inicios, y en Madrid se prolongará prácticamente hasta los umbrales del año 2000. Razón de más, tan dilatada perspectiva, para que haya que ocuparse de los problemas, conflictos y polémicas que vienen presidiendo esta reconversión energética, y a los que el presidente de la Compañía de Gas Madrid, SA, se ha referido en un artículo publicado en las páginas de EL PAÍS el pasado 14 de diciembre, en términos a los que convendría hacer algunas salvedades. Así, según el artículo 38 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, los gastos de adaptación que precisen las instalaciones como consecuencia de un cambio en el tipo de gas han de ser de cuenta de la compañía suministradora. A este propósito, el presidente de Gas Madrid asevera -citamos textualmente- que "cuando la instalación está en correcto estado, la conversión al gas natural dura unas horas: el tiempo necesario para ajustar y modificar los quemadores de los aparatos de gas del usuario y adaptarlos al uso de gas natural, de mayor poder calorífico que el gas utilizado hasta entonces".Pero es el hecho que la adaptación de las instalaciones no está siendo en la práctica tan simple y sumaria, como muy bien saben los afectados. Al respecto, el presidente de Gas Madrid afirma en su artículo que, "aunque se trate de gases diferentes, cuando una instalación está en condiciones para la utilización de gas ciudad (o sea, el manufacturado, el antiguo), también lo está para la utilización de gas natural, puesto que el suministro en las conducciones domésticas es en ambos casos a baja presión...".

Pero a esa vaga afirmación hay que oponerle que existen considerables diferencias de naturaleza, potencia y estanqueidad entre uno y otro combustible. Y los usuarios se están viendo obligados a cambiar las conducciones de que disponían para el gas manufacturado, sustituyéndolas por otras de materiales y ensamblajes distintos.

En cuanto a los cortes del suministro que la compañía lleva a cabo con motivo de unas u otras adaptaciones, y que a veces se prolongan durante mucho tiempo, no se sabe que los organismos de la Comunidad autónoma de Madrid ejerzan los controles que bien explícitamente les encomienda el Decreto 3.488/1983, de 14 de diciembre, relativo a esta concreta materia.

Régimen de monopolio

Y para las reparaciones y modificaciones que se exige hacer a los usuarios, se remite a éstos a determinadas organizaciones instaladoras, sobre cuya forma de actuación, precios y diligencia en sus servicios no hay tampoco los controles que serían lógicos, dada la necesidad inexcusable de su intervención, el generalizado alcance social a que ésta concierne y su vinculación a un suministro de primera necesidad, que se da en régimen de monopolio y que constituye un servicio público y así lo conceptúa la ley.

Ello es que debería corregirse la distribución de las cargas económicas en esta sustitución del tipo de gas, aligerando las que pesan sobre el conjunto de los usuarios, ya que de lo que se trata es de un elemento energético básico, de uso común.

En términos generales, no debiera proseguirse este proceso sin encauzarlo con un amplio y detallado programa -para lo que las competencias corresponden a la comunidad autónoma-, en el que se contemplaran todos los aspectos y dimensiones de tan vasta operación, dando efectividad a obligaciones y derechos y, desde luego, ordenando, racionalizando y planificando, de acuerdo con las autoridades municipales y teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias urbanas, la hoy caótica cirugía a que se ven sometidas las vías públicas a causa de unas obras llamadas a ir extendiéndose por todas partes durante un buen número de años.