El Congreso da el visto bueno a nuevas actividades de Martín Villa

El pleno del Congreso dio ayer el visto bueno a la solicitud del diputado del Partido Popular Rodolfo Martín Villa de compatibilidad entre su puesto en el Parlamento y el de miembro del consejo de administración de la compañía Corporación Inversora del Mediterráneo SA. Esta votación llegó ayer al pleno con un dictamen favorable de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que se había reunido para este menester el pasado 18 de diciembre, presidida por el socialista Álvaro Cuesta. En dicha comisión ya Figura una extensa declaración de Rodolfo Martín Villa en la que se relaciona las empresas de las que forma parte, por lo que este trámite es una "declaración complementaria".La comisión decidió el pasado 18 de diciembre, y ayer fue ratificado por el pleno, declarar que Martín Villa "no incurrirá en incompatibilidad por la aceptacíón del cargo de consejero" de la eítada empresa, "si bien el ejercicio de dicho cargo no podrá realizar las actividades relacionadas en las letras a y b del artículo 159 de la ley General Electoral".

Dicho artículo señala que que los parlamentarios no podrán compatibilizar su puesto con "actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante las Administraciones públicas, sus entes u organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones".

Limpieza de cuarteles

Por otro lado, la dirección de la Guardia Civil declinó comentar la información publicada ayer por El Mundo en relación con la adjudicación de un contrato por valor de más de mil millones para limpiar acuartelamientos del instituto armado a una firma -CLINER, SA- de la que es accionista y fue consejero hasta 1987 Martín Villa.

"No hay nada que decir porque no hay ninguna ilegalidad en ello ni lo señala la información. Lo legal sería que no diéramos un contrato a alguien porque estuviera en ella determinado accionista", indicaron estas fuentes. Según fuentes de este cuerpo, "el contrato se le dio a la empresa que cumplía con los requisitos establecidos y que ofrecía mayor solvencia para cumplir el contrato, aunque no fuera la más barata". Asimismo, se indicó que la sospecha de tráfico de influencias carece de sentido desde el momento en que no parece que la actual Administración socialista y el conservador Martín Villa tengan afinidades. Igual argumento empleó el senador popular José Miguel Ortí Bordas, que cesó como consejero de esa Firma en 1987: "Hace catorce anos que cesé como subsecretario del Ministerio del Interior y resulta que soy sospechoso ahora de aprovecharme del cargo y, encima, ayudado por un Gobierno socialista". EL PAÍS solicitó sin éxito la versión del gerente de CLINER, Francisco Fuertes, hijo del general retirado del instituto, Félix Fuertes Veiga.