"No pretendo privar del sustento elemental a muchas familias"

Luis Portero, madrileño, de 49 años, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asegura que la investigación no pretende "zaherir a las personas que se encuentran en apuros" o "privar del sustento elemental a muchas familias".Pregunta. ¿Meditó mucho la orden de abrir la investigación?

Respuesta. No lo pensé mucho, pues era obligatorio. Me di cuenta del enorme trasfondo social, pero puse en una balanza la legalidad y las consecuencias sociales y políticas, y decidí cumplir con mi obligación. De otro modo hubiese prevaricado al no perseguir hechos que revisten carácter de delito.

P. ¿Constituye para usted un problema de conciencia la posibilidad de juzgar a millares de jornaleros?

R. Si tuviera el convencimiento de que con la investigación íbamos a privar del sustento elemental a muchas familias este hecho sería un freno enorme para la actuación del fiscal. Estamos investigando para saber si realmente estamos quitando el pan a muchas familias, pero no estamos en esa vía.

P. ¿Las cantidades percibidas por los beneficiarlos se limitan a las 27.1000 pesetas al mes?

R. Los cálculos hechos en uno de los ayuntamiento investigados reflejan otra cifra, unas 2.325 pesetas diarias. Esa cantidad es mínima para vivir con dignidad cuando la cobra un único miembro de la familia. Si se pretende presentar los hechos como un ataque a las clases marginadas, nada más lejos de nuestra intención.

P. La responsabilidad del fraude ¿es política?

R. La responsabilidad política la deben deducir los órganos de control de los ayuntamientos. La penal está clara.

P. Sin embargo, la investigación ha abierto un frente de opiniones políticas. ¿Puede tergiversar la actuación del fiscal?

R. Nada mas lejos de mí que aparentar una actitud política. Si desde la política se disculpan los hechos investigados, desde el punto de vista Jurídico la investigación está clara.

P. Algunos alcaldes achacan a la Fiscalía que no haya investigado la compraventa de peonadas eritre jornaleros y propietarios de fincas.

R. No he recibido denuncias sobre tales casos. El año pasado investigamos varias fincas de Guadix gracias a la colaboración de la Delegación de Trabajo.

P. ¿Teme que después de tan espectacular proceso no se puedan imputar responsabilidades?

R. El culpable lo vamos a encontrar. Salvo que las investigaciones dieran resultado diferente al que nosotros creemos desembocaremos en responsabilidades claras. De momento son los ayuntamientos los que deben responder. En cuanto a los beneficiarios habrá que ver si han recibido o no un subsidio utilizando un documento falso.