El fiscal jefe de Andalucía ordena que se investigue el fraude de las peonadas en las ocho provincias

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, ha cursado orden a los físcales de las ocho capitales andaluzas para que actúen judicialmente contra los campesinos que cobran el subsidio de desempleo agrario mediante la certificación de las peonadas falsas. La investigación, que se circunscribe al año 1988, salvo en Jaén, que abarca también 1987, puede afectar a varios miles de campesinos. La orden dada por Portero implica la búsqueda de responsables en los casos de fraude ya denunciados y la apertura de diligencias informativas en aquellos municipios sospechosos de irregularidades.

Los fiscales de Sevilla han remitido ya a los juzgados correspondientes las investigaciones realizadas en torno al fraude del subsidio agrario en la localidades de Osuria, Cazalla de la Sierra y Utrera. Por su parte, la Fiscalía de Málaga remitirá en breve al juez las diligencias informativas hechas sobre varios ayuntamientos, de la comarca de Cuevas de San Marco.El fiscal de Jaén está también a la espera de concluir unas diligencias relativas a la localidad de Peal de Becerro, con 5.700 habitantes, informa José A. Hernández. En el resto de las capitales andaluzas, los fiscales ultiman sus investigaciones acerca de los municipios en los que se sospecha que ha habido irregularidades.

La apertura masiva de investigaciones por el supuesto fraude en el desempleo agrícola ha sido instada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Luis Portero. Las diligencias se han basado en las sentencias dictadas por los distintos juzgados de lo Social en las que se reconocían fraudes en la firma de las peonadas.

Responsables del fraude

Tales sentencias, junto a los resultados inculpatorios de las inspecciones de Trabajo, son frecuentes, pero no delimitan a los responsables del fraude, sino que únicamente niegan la percepción del subsidio en base a "sospechas fundadas" de irregularidad. La orden de Portela implica que se efectúe dicha búsqueda de responsables penales. La complicidad de todos los partidos políticos hacia una práctica fraudulenta y la necesidad, en algunos casos, del dinero del subsidio para las familias que carecen de íngresos pueden ser las razones que han aconsejado la ausencia durante mucho tiempo de la acción de la justicia.La situación de los distintos procesos judiciales en marcha no permite aún saber si serán los jornaleros o los alcaldes los que comparecerán como acusados. Hasta la fecha, tan sólo hay una petición firme de condena, cifrada en seis años, para el alcalde de la localidad de Pinos Puente, Juan Ferrándiz. Sin embargo, será cada fiscal, a la vista de las diligencias, el que responsabilizará a unos o a otros. Aunque la tipificación del delito podría ser la de fraude no se descarta que los alcaldes pudieran ser acusados de falselad en documentos públicos, malversación de fondos o fraude a la Seguridad Social.

Por otro lado, el juzgado de instrucción número 6 de Granada, que sigue el caso de fraude en las localidades de Padul e Iznalloz, citará en las próximas semanas a Rafael Arroyo y Adolfo Hernández Méyer, directores provinciales en 1988 del Instituto Nacional de Empleo y de la Delegación de Trabajo.

La citación se hará a la vista de las declaraciones efectuadas por el ex alcalde de Padul, el comunista Diego García Villeria, que acusó a ambos y al gobernador civil de Granada, el fallecido Pedro Temboury, de consentir y mantener, contra el criterio de algunos alcaldes, la firma indiscriminada de peonadas.

El fiscal Luis Portero confirmó ayer la extensión de las investigaciones a toda Andalucía y señaló que la orden dada a los físcales incluye la actuación también contra la compraventa de peonadas entre jornaleros y terratenientes. Portero agregó que entiende que los políticos traten de disculpar una práctica generalizada, pero añadió que desde el punto de vista judicial la investigación es obligatoria.

[El presidente del PP, José María Aznar, calificó ayer en Sevilla de "gravísima irresponsabilidad política" la justificación por dirigentes del PSOE del fraude de las peonadas, informa Isabel Pedrote. Aznar, quien se desplazó ayer a Sevilla para presentar a Soledad Becerril como candidata a la alcaldía, agregó que "no existen fraudes que se puedan disculpar y fraudes que no, y cualquier cargo público que ampare mecanismos irregulares de la ley incurre en una gran falta de responsabilidad"].