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El Gobierno fijará los contingentes anuales de inmigración según las necesidades de mano de obra

El Gobierno fijará contingentes anuales de inmigración de acuerdo con patronal, sindicatos y países afectados y las demandas concretas de mano de obra. El Ejecutivo justifica esta medida, incluida en el documento sobre política de extranjería remitido ayer al Congreso, así: "Para preservar la dignidad de los extranjeros presentes en España, no debemos acoger más que aquellos que podamos integrar, impidiendo el surgimiento de corrientes xenófobas", apuntadas ya por un sondeo comunitario de 1989 cuyas conclusiones han inquietado al Gabinete. El Gobierno insta a los jueces a que expulsen a los extranjeros que cometen delitos de entidad menor.

El documento sobre política de extranjería remitido ayer a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios por el Gobierno ha sido previamente expuesto a los distintos partidos, organizaciones no gubernamentales y al Defensor del Pueblo. Este documento indica que aunque "porcentualmente la presencia extranjera en España sea muy inferior a la existente en otros países europeos (no sobrepasaría con los inmigrantes irregulares el 1,5% de la población), la aceleración de los flujos y la concentración de estos en determinadas áreas urbanas podrían deteriorar rápida y gravemente el equilibrio social". No en vano, se prevé que España se va consolidar en esta década como país de inmigración. Todo ello hace que el Ejecutivo se plantee la necesidad de poner en marcha "una política global y coherente de extranjería que preserve nuestros intereses económicos y nuestra cohesión social y que garantice una completa integración del colectivo de residentes extranjeros". El Ejecutivo cifra en 400.000 los extranjeros residentes legalmente en España y entre 90.000 y 70.000 los clandestinos. La batería de medidas propuestas al Parlamento incluye las siguientes:Control de entradas. El Ejecutivo se plantea mejorar la verificación de los visados que se expiden e n aquellos países para los que rige este requisito. Se anuncia la implantación de los visados a los países de África del norte (Marruecos, Argelia y Túnez), cuya entrada en vigor se prevé para el próximo marzo. "En cuanto a los países de Hispanoamérica, el Gobierno, como ha declarado repetidamente, está decidido a mantener su política de exención de visados para los ciudadanos de aquellos países". "Paralelamente a esta política de visados, habrá de continuarse e incrementarse el esfuerzo por garantizar un control efectivo de nuestras fronteras". [El presidente del Gobierno, Felipe González, declaró ayer en Madrid que la libre circulación sin necesidad de visado de los ciudadanos latinoamericanos en España es compatible con los compromisos adquiridos por nuestro país con la CE, informa Juan G. Ibáñez]

Trabajo clandestino. Se propone intensificar las sanciones administrativas y penales contra los empresarios que contraten mano de obra ilegal. Se prevé elevar la sanción de arresto mayor (de uno a seis meses) a prisión menor (de seis meses a seis años). Esto se conjugará con una política de fijación de contingentes anuales de inmigración "programando anticipadamente sus variables esenciales tales como la procedencia, temporalidad, perfil profesional, posibilidad de integración, etcétera, todo en colaboración con los países de origen". Estos contingentes serán acordados con los empresarios, sindicatos y países implicados y se dará prioridad a los colectivos de más fácil integración.

Promoción e integración social. "El Gobierno está decidido a buscar soluciones eficaces para que aflore a la superficie la bolsa de marginación constituida por los extranjeros ilegales, articulando cuando sea posible medidas que propicien la legalización de determinados colectivos de inmigrantes en situación ilegal que puedan justificar su inserción en la comunidad nacional". Se preven, asimismo, planes educativos, de empleo y protección social para esos colectivos.

Reforzamiento de acción policial. El documento, tras advertir el incremento de la delincuencia entre la población extranjera marginal y clandestina, reprocha a los jueces su "cierta reticencia" a expulsar a los inmigrantes que cometen delitos menores, y cuya "libertad provisional incide muy negativamente en la seguridad ciudadana" y cuyo encarcelamiento "aumenta la ya importante saturación penitenciaria".

Oficina única de tramitación. Tal y como solicitaba el Defensor del Pueblo en su informe de 1989, el documento remitido al Congreso anuncia la creación de una oficina única de extranjeros en cada provincia conectada a un sistema informático común que se ocupe de tramitar todas las gestiones y permisos que realizan los inmigrantes en España, y que "impedirá el actual trasiego de los mismos". Asimismo, se establecerá una comisión interministerial para armonizar las distintas políticas y prácticas sectoriales en materia de extranjería.

Reforma del asilo y refugio. El documento sostiene que la ley de asilo y refugio, que permite al peticionario entrar y permanecer en el terrritorio nacional mientras se tramita su solicitud, se ha convertido en una "vía fraudulenta de entrada en España". El Ejecutivo indica que de los 4.000 solicitantes del año pasado se ha pasado a los 12.000 de 1990, en su mayoría polacos católicos que alegan persecución religiosa. En consecuencia, se plantea la reforma de esa ley para dejar sólo la condición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de diciembre de 1990

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