Miles de jornaleros pueden estar implicados en el fraude del Plan de Empleo Rural
Las investigaciones por el presunto fraude cometido en ocho municipios granadinos al Plan de Empleo Rural (PER) pueden desembocar en un macroproceso, con miles de personas implicadas, lo que provocaría "serias dificultades estructurales para poder realizarlo", según informó el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero. Sólo en dos localidades hay 800 implicados.
Portero dirige la investigación por la certificación de peonadas falsas que realizaron los alcaldes de estos ayuntamientos para que algunos vecinos accediesen al subsidio de desempleo agrario, fraude en el que están implicados, sólo en las localidades de Iznalloz y Padul, unos 800 jornaleros.La supuesta estafa, que podría ascender a unos 250 millones de pesetas, afecta también a las localidades granadinas de Pinos Puente, Atarfe, Moclín, Villamena, Guadahortuna y Láchar.
Sobre este asunto, el secretario provincial de los socialistas granadinos, Ángel Díaz Sol, ha asegurado que su partido solicitará al Consejo de Ministros el indulto para cualquiera de los primeros ediles que sean condenados por la estafa detectada.
Para Díaz Sol, la voluntad de los alcaldes implicados no fue nunca la de obtener un beneficio económico propio, por lo que declaró que considera injusto "que se les culpe cuando otros personajes han venido haciendo del PER una fuente de mercadería económica y política".
En su opinión, los alcaldes heredaron estas irregularidades de mandatos anteriores, viéndose obligados a dejarse llevar por la inercia "de graves situaciones sociales de difícil solución dentro del marco de la legalidad".
También el jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señaló que los testimonios recabados el pasado martes en Padul abrían la posibilidad de extender la indagación hasta 1986, aunque la fiscalía ha decidido restringirla a 1989.
El juzgado de instrucción número 6 de Granada, fue el primero en llevar a cabo un interrogatorio masivo en la localidad de Padul.
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