El Gobierno de la Comunidad, abocado a prorrogar los presupuestos en 1991

El Gobierno socialista de la Comunidad de Madrid está abocado a retirar su proyecto de presupuestos para 1991, que ascienden a unos 412.000 millones de pesetas, y a prorrogar los vigentes este año para eludir una previsible derrota parlamentaria en la votación prevista para el próximo día 11. Centristas, populares y cinco de los seis diputados del Grupo Mixto han anunciado su oposición al proyecto del PSOE, que sólo cuenta con el respaldo de Izquierda Unida, y se niega a recurrir al diputado Nicolás Piñeiro para bloquear las enmiendas a la totalidad de la oposición.

El consejero de Hacienda, Luis Alejandro Cendrero, reiteró ayer en los pasillos de la Asamblea que sólo "un amplio acuerdo" con el CDS podría evitar la prórroga de los presupuestos autonómicos. Esta condición parece que no va a cumplirse, ya que el portavoz del Grupo Centrista, Gerardo Harguindey, mantiene su postura de rechazo al proyecto del Gobierno de Joaquín Leguina. Para Harguindey, las inversiones previstas por el PSOE son insuficientes porque el Ejecutivo nacional ha cortado el grifo financiero a la Comunidad.Cendrero, que mantenía ayer un último rescoldo de esperanza para alcanzar un acuerdo, advirtió que las enmiendas a la totalidad de los presupuestos planteadas por el PP y el CDS son "absurdas y electoralistas ". A su juicio, la prórroga de los vigentes presupuestos provocará la paralización de los programas del salario social para familias sin recursos y la ralentización de las inversiones en la mejora del transporte público. Cendrero no descartó que, tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, sea necesario aprobar ampliaciones extraordinarias de crédito para garantizar dichas dotaciones.

Compromisos sindicales

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, declaró ayer, antes de viajar a Estrasburgo para participar en una conferencia de regiones europeas, que su Gobierno mantendrá los compromisos firmados con las centrales sindicales, aunque los presupuestos sean prorrogados.El PP se muestra dispuesto a votar la enmienda del CDS, así como los cuatro diputados de la Agrupación Renovadora (escindidos del partido de Adolfo Suárez) y el parlamentario José Luis Ortiz (tránsfuga del PP). El consejero de Hacienda advierte que las enmiendas del PP representan la pérdida de 30.000 millones de gastos corrientes, lo que obligaría a despedir a un tercio de la plantilla de la Comunidad o a cerrar el hospital Gregorio Marañón y todas las residencias de ancianos.

Por otra parte, el consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, afirmó ayer en la Asamblea que considera "prudente" la suspensión de la aplicación de los nuevos valores catastrales fijados por Hacienda, "para medir sus consecuencias y ofrecer una mejor explicación social". Mangada defendió el nuevo catastro porque, a su juicio, "es el esfuerzo más racional que se ha hecho en los últimos años para modernizar el sistema tributario".

De otro lado, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó ayer por unanimidad la derogación de la Ley de Solidaridad Municipal, aprobada en la anterior legislatura parlamentaria para imponer un recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y que fue paralizado en 1985 ante las protestas ciudadanas.