Menem decreta el cese de 122.000 funcionarios en tres años sin la oposición de los sindicatos

El Gobierno argentino reducirá en 122.000 empleados la plantilla de la Administración pública en los próximos tres años. El decreto que el pasado lunes firmó el presidente Carlos Menem era uno de los compromisos pendientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y permitirá desbloquear una cuota de 240 millones del dólares del crédito-puente concedido a Argentina. Sin embargo, la medida no ha tenido todavía respuesta sindical.Las indemnizaciones a los cesantes serán financiadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En una carta dirigida al director del FMI, Michel Camdessus, el ministro de Economía del Gobierno argentino, Antonio González, le aseguró que "se tomarán todas las medidas adicionales que sean necesarias" para sostener la actual baja de la tasa de inflación, que se redujo en el 7,7% mensual en octubre y oscilaría entre el 5% y 6% en noviembre.

El ex presidente Raúl Alfonsin, líder del radicalismo y de la oposición política, advirtió sobre las consecuencias sociales del plan. "En los cementerios tampoco hay inflación", dijo.

Ted Belza y Armando Linde, los funcionarios del FMI que controlan la marcha del plan económico argentino, recomendaron "que se apruebe directamente el crédito" porque consideran que el esfuerzo del equipo que encabeza el ministro González "es un buen augurio para el éxito". Por su parte, González pidió al FMI que el apoyo se realice en el futuro a través de un acuerdo de "facilidades extendidas". De los 240 millones de dólares del crédito-puente que permanecían trabados, Argentina sólo recibirá 180 millones. El resto será depositado en una cuenta a su nombre, donde ya había otros 60 millones de dólares de la cuota anterior. Cuando sume en esa cuenta unos 1.000 millones de dólares, Argentina los utilizará para comprar bonos de su deuda externa a los bancos acreedores.

Con ese apoyo financiero, el Gobierno argentino continúa aplicando su brutal plan de ajuste. El decreto que Menem firmó el pasado lunes ordena la reducción de 122-000 empleados y con ello se calcula un ahorro de 1.400 millones de dólares en los gastos del Estado. La inmediata aplicación de un horario único de trabajo para todo el personal de la Administración obliga a la mayoría de los empleados a abandonar una de las dos ocupaciones con que sobrevivían ahora.

Los dos grandes sindicatos que representan a esos trabajadores, uno menemista y otro combativo, no han reaccionado todavía por razones opuestas. Los menemistas confían en el prometido crecimiento de la actividad privada que debería producir la venta de las empresas del Estado, las que podrían absorber a los empleados públicos cesantes. Por su parte, la poderosa Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que lidera el duro Víctor de Gennaro, fue alcanzada por la crisis que sufre el sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) que encabeza Saúl Ubaldini. El Gobierno ha aprovechado la dispersión de las fuerzas que podrían resistir su política, que se impone sin consenso social pero con un formidable respaldo de los grandes factores tradicionales de poder.