Las autonomías temen verse desbordadas al tener que emitir los certificados para recurrir el catastro

La posibilidad de que más de dos millones de propietarios de viviendas de protección oficial (VPO) recurran el valor catastral fijado por el Ministerio de Hacienda puede desbordar la capacidad de las autonomías, encargadas de facilitar la documentación necesaria para el recurso. La Comunidad de Madrid, una de las primeras en notar la avalancha de peticionarios, ha responsabilizado a la "falta de coloboración" del Centro de Gestión Catastral de la situación creada. Los titulares deben acreditar el régimen de protección de sus viviendas para que se aplique un coeficiente corrector a su catastro.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha habilitado el sótano de una iglesia cercana a su sede para recibir "en condiciones", según sus responsables, a los más de 300.000 propietarios de VPO que en los próximos días podrían reclamar la documentación necesaria para que sus viviendas no pierdan las ventajas fiscales. Hasta ayer, cerca de 11.000 titulares habían solicitado la certificación necesaria para recurrir ante Hacienda.El Centro de Gestión Catastral ha notificado a todos los propietarios de VPO una valoración basada en el valor de mercado sin considerar a priori que estas viviendas tienen un precio máximo de venta establecido anualmente por la administración. No obstante, la orden ministerial dejaba abierta la posibilidad de corregir a la baja el catastro fijado previa acreditación, por parte del afectado, de que sus viviendas siguen disfrutando del régimen de protección.

Este procedimiento, que obliga a los propietarios a realizar varias gestiones ante las distintas administraciones, repercute también en las autonomías que deben facilitar la documentación. Todas ellas se han visto sorprendidas cuando los primeros afectados han empezado a reclamar los certificados.

Miguel Angel Pascual, gerente del Ivima, afirmó ayer que una mayor colaboración con las Autonomías hubiera posibilitado "una mejor aplicación de la norma" e, incluso, un sistema "más sencillo" para determinar el valor catastral de las VPO.

Los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat en Valencia están estos días desbordados por el trabajo adicional que supone expedir las certificaciones.

El director del Centro de Gestión Catastral de Valencia, Manuel Tarazona, indicó ayer que hasta el pasado día 23 se presentaron alrededor de 3.000 recursos, 500 de ellos pertenecientes a viviendas de protección oficial. Tarazona advierte que lo que hacen los ciudadanos no es un recurso sino una solicitud de aplicación "de un derecho como contribuyentes".

Avalancha de peticiones

El Departamento de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat de Cataluña está teniendo una avalancha de peticiones de certificación o simples demandas de información en sus servicios

territoriales por parte de usuarios y propietarios de viviendas.

El pasado mes de julio algunas Comunidades Autónomas y la misma dirección general de la vivienda del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (MOPU), advirtieron al Catastro que las VPO no podían estar en el regimen de valoración general utilizado. "La respuesta de Catastro fue entonces esperar a que los propietarios de VPO optaran por la vía del recurso una vez notificadas las valoraciones efectuadas en base al precio de mercado", señalan fuentes del gobierno autonómico catalán. En aquel momento, el Catastro alegó falta de medios y personal.