Hacienda fija el catastro sin incluir la 'bonificación' de las viviendas protegidas

Los nuevos valores catastrales de las viviendas de protección oficial se han establecido sin tener en cuenta, a efectos de notificación, que éstas están sujetas a medidas correctoras que pueden disminuir sustancialmente la cantidad comunicada. El Ministerio de Hacienda ha previsto esta posibilidad, pero previa presentación de la documentación preceptiva por parte de los afectados. La Comunidad de Madrid, que debe expedir las certificaciones, se ha visto desbordada por una avalancha de peticiones.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Comunidad, ha tenido que habilitar a toda prisa una oficina de atención al público en los sótanos de una iglesia cercana. La semana pasada, centenares de vecinos colapsaron el vestíbulo del organismo. Todos querían obtener un certificado que acreditara ante el Ministerio de Hacienda que su vivienda es de protección oficial y que, por tanto, su catastro debe ser inferior al que han recibido en sus domicilios.Hasta la pasada semana, el Ivima desconocía que el Centro de Gestión Catastral del Ministerio de Hacienda está notificando la nuevas valoraciones sin tener en cuenta el régimen de protección del que disfrutan, sólo en Madrid, alrededor de 300.000 viviendas. Estas casas tienen fijado un precio máximo de venta y difrutan de exenciones o bonificaciones fiscales. Para la revisión del catastro, sin embargo, se las ha medido por el mismo rasero.

Aunque la orden ministerial de 28 de diciembre de 1989 que regula la revisión del catastro ha previsto un "coeficiente corrector" para la vivienda protegida, su aplicación depende de que cada afectado se zambulla en una maraña burocrática. Hacienda exige para aplicar el coeficiente una certificación con el valor máximo de su vivienda en 1990 y la duración del régimen de protección. La Acociación de Amas de Casa ha decidido "sumarse a los ciudadanos indignados y rebeldes contra Hacienda". La asociación teme además que los ayuntamientos no rebajen los tipos impositivos de modo que se compense el incremento del catastro. Según un portavoz del Centro de Gestión Catastral, su aplicación podría suponer una reducción del valor catastral notificado de alrededor del 30%.

Omisión voluntaria

El Centro de Gestión justifica la omisión voluntaria de las bonificaciones de las viviendas protegidas en la imposibilidad de conocer qué inmuebles poseen esta calificación y, por tanto, de saber el precio máximo de venta que debe aplicarse para hallar el coeficiente. Responsables del Ivima consideran que Hacienda tiene "los datos básicos" para conocerlo.Según el Ivima, aunque la documentación que se precisa puede tardar algunos meses en facilitarse, la Gerencia Territorial de Hacienda dejará en suspenso la tramitación del expediente con la simple acreditación de que se han solicitado los certificados antes del 1 de enero de 1991. Si se superara esta fecha, el valor catastral que se aplicará el próximo año a efectos tributarios será el notificado inicialmente.

En caso de aplicar el coeficiente, el valor catastral descendería aunque no llegaría a ser inferior al valor administrativo -precio máximo de venta fijado por el Estado- Según el Centro de Gestión, esta tasación es menos real que la establecida según el valor de mercado.

Más información en la página 51