Los ayuntamientos pueden evitar el impacto sobre la contribución urbana
La incidencia que el nuevo catastro pueda llegar a tener sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI), un tributo que los contribuyentes siguen identificando con la antigua contribución urbana, preocupa a propietarios, inquilinos y alcaldes. Pero mientras que estos últimos saben cómo evitar su impacto tributario y sólo se inquietan por los efectos políticos a seis meses vista de las elecciones municipales, los votantes creen que verán doblada o triplicada su aportación a las arcas de los ayuntamientos.
El IBI se fija aplicando un coeficiente que va del 1,3% al 0,4% del valor catastral. Eso significa que si una vivienda estaba tasada en 10 millones de pesetas y sometida a un coeficiente de 0,5, el IBI de esa propiedad sería de 50.000 pesetas al año. Si el valor de esa casa se dobla a 20 millones y se mantiene un coeficiente del 0,5, el IBI pasará a ser de 100.000 pesetas.Hacienda ha autorizado reducir del 0,4 actual al 0,1 el coeficiente mínimo aplicable en un municipio durante los tres años siguientes a la modificación catastral. Si el valor catastral no se modifica, al cuarto año el coeficiente mínimo vuelve a ser del 0,4, pero en cuanto se vuelva a modificar su valor catastral, podrá aplicarse de nuevo el mínimo del 0,1.
En síntesis, son los ayuntamientos los que fijarán el IBI de su municipio en 1991, y no la revalorización del valor catastral. Casi todos han anunciado ya que reducirán sus coeficientes actuales con objeto de mantener en 1991 los mismos niveles de recaudación que en 1990, corregidos con la inflación. Así, Madrid pasará de un coeficiente de 0,4 en 1990 a 0,18 en 1991, Barcelona de 0,81 a 0,33 y Granada de 0,6 a 0,17.
Según cálculos aproximativos realizados a partir de los datos facilitados por el catastro, eso significa que aunque el valor catastral de Barcelona en 1991 será de 10,39 billones de pesetas (2,86 veces superior al valor de 1990), el IBI que pagará como media cada unidad urbana será de unas 43.700 pesetas, frente a las 37.700 pesetas de 1990. O sea, un 8,6% más caro, frente a un aumento catastral del 186%.
Éstos son datos aplicados al coste medio de cada unidad catastral, y por lo tanto meramente orientativos. El coeficiente es siempre el mismo para cada municipio, pero el valor catastral varía mucho de un distrito municipal a otro, y también de una vivienda a otra dentro del mismo distrito.
Precisamente por eso algunos ayuntamientos consideran muy desafortunada la difusión de los datos del futuro valor medio de las viviendas de cada distrito de su ciudad, por entender que el valor medio no puede orientar a un propietario sobre cómo se modificará su contribución en 1991. Para averiguarlo, el contribuyente debe multiplicar el valor que le ha fijado el catastro -y que en estos días se está comunicando por correo a cada propietario-, multiplicado por el coeficiente que fije cada municipio para 1991.
Los alcaldes están de acuerdo en líneas generales con la modificación catastral, pero lamentan tanto la forma en que se ha presentado -difundiendo los porcentajes de incremento de los valores por municipios y por distritos- como por haberse hecho en vísperas electorales un cambio que necesita ser explicado con mucho cuidado a los contribuyentes, aunque pueda no afectarles en sus impuestos. Por eso, muchos ayuntamientos tienen previsto comunicar el importe del IBI de 1991 mucho antes de las elecciones municipales, aunque se abonará después.
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