CC OO acusa al Gobierno de preparar una ley "antisindical y antihuelga camuflada"

Agustín Moreno, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras (CC OO), denunció ayer que el Gobierno está preparando una ley "antihuelga y antisindical camuflada", a través de la denominada ley de "protección general de las libertades públicas y de seguridad ciudadana", que prepara el Ministerio del Interior.

El sindicato asegura que el sistema para establecer un recorte al derecho de huelga se haría a través del Ministerio del Interior, que es el que ha elaborado el borrador que está en estudío y pendiente de las incorporaciones que hagan otros ministerios. "El Gobierno ha intentado, repetidamente y sin éxito, sacar una ley de huelga y mantiene el anacronismo de someter un derecho fundamental como éste a regulación administrativa y de forma abusiva", dice un comunicado hecho público ayer por CC OO.El borrador de ley prevé imponer multas a los que perturben el orden público, que pueden ascender hasta 100 millones de pesetas. (Ver EL PAÍS del 1 de noviembre de 1990).

La puesta en marcha de esta ley significaría, en opinión de la central, la aparición de los manifestódromos (lugares destinados a realizar manifestaciones de protesta). La obligación de hacerlas en un sitio prefijado, es para CC OO restringir el derecho de manifestación ya que "los manifestódromos no tendrían nada que ver con el interlocutor concreto al que se dirige la protesta".

Además, el sindicato señala que "el Gobierno parece haber encontrado la piedra filosofal" ahora que "se prepara la imposición de un plan de austeridad y graves sacrificios para los trabajadores". Esta piedra filosofal es "encargar al Ministerio de gobernación la preparación de una ley que meta en cintura a los sindicatos y reprima la protesta social.

"No es de recibo", señala el comunicado, "que se pretenda criminalizar la acción colectiva sindical, considerándola un mero problema de orden público". Acusa al Gobierno de utilizar de coartada el cierre patronal de los camioneros para "resucitar la antigua ley de orden público del franquismo".

Según CC OO, la intención del Gobierno es aplicarla a los conflictos del metro, autobuses, Renfe, gasolineras, aduanas, banca, limpiezas, ganaderos, transporte, etcétera.