Fracaso parcial de la privatización de la cervecera portuguesa Centralcer
El recurso interpuesto por los antiguos propietarios contra el Estado portugués y la crisis bolsista se apuntan como las causas principales del semifracaso de la oferta de venta (OPV) del 100% del capital del Centralcer -Central Cervecera- realizada el lunes en la bolsa de Lisboa. Un tercio de las acciones no encontraron compradores y el núcleo duro constituido por el 31% de las acciones, que formaban un lote Indivisible por un periodo de cinco años fue adquirido por el único candidato que se presentó: el grupo Bavpor, que integra los colombianos de Bavaria y seis em presas del norte de Portugal -Sogrape, Corfi, Cotesi, Arsopi Noronha y Meneses y Ferreira-Este grupo, que había adquirido, en la primavera pasada, el control de la otra cervecera por tuguesa -Unicer- se propone utilizar ambas empresas portuguesas como trampolín para penetrar en el mercado español y conquistar posiciones en el mercado europeo.
La Centralcer, que realizó en el primer semestre de 1990 un volumen de negocios de más de 12.000 millones de pesetas (+ 11,5% en relación al mismo pe riodo de 1989) y prevé para el año en curso unos beneficios líquidos de 1.300 millones de pesetas posee participaciones directas e indirectas en 33 empresas, sobre todo el sector de aguas de mesas, vinos y refrigerantes, con especial destaque para la sociedad de las aguas de luso (52,4%) ya implantada en España y bodegas Camillo Alves (80,7%).
Las acciones no vendidas de la Centralcer quedaron en manos del sindicato bancario que organizó la OPV.
Los antiguos propietarios de la Centralcer (Parfil) que reclaman la devolución de las accio.nes que poseían en la empresa cervecera, invocando el hecho de que el Estado portugués no había pagado las indemnízaciones debidas, han interpuesto recurso contra las decisiones de los tribunales que fallaron a favor del Estado y dicen estar dispuestos a llevar el caso ante la Corte europea. Esta batalla jurídica, en la que parte de la plantilla y de los cuadros de las empresas han tomado partido a favor de los antiguos dueños es apuntada como una de las causas de las reticencias de los inversores.
El presidente Soares se interesó también por el problema, llamando la atención del Gobierno por la "lentitud con que se procesa el pago de las indemnizaciones", debidas por expropiación y por el "problema ético que resulta de la venta, por el Estado, de bienes que aún no pagó".
