El cazador de un oso pardo dice que disparó para defenderse

El cazador Lorenzo Fernández declaró ayer, en la vista oral ante un juez de la Audiencia Provincial de Palencia, que disparó contra un oso pardo, que los ecologistas llamaban Rubio, "en defensa propia, al sentir que peligraba mi vida, aunque conocía perfectamente las consecuencias que me podía traer".

Fernández ha sido juzgado corno presunto autor de un delito de caza por haber matado con disparos a un ejemplar de oso pardo el 30 de octubre de 1988 en los montes de la localidad palentina de Brañosera cuando participaba en una partida de caza con otras personas. En la misma vista oral compareció ayer en calidad de procesada la ex jefa de la sección de Montes de la Junta de Castilla y León en Palencia, María Jesús de Miguel Michelena, a la que se acusa de negligencia en el desempeño de sus funciones.El acusado, que reiteró ante el juez anteriores declaraciones, reconoció que llevaba postas en su escopeta de caza con las que abatió al oso y explicó que las cogió con la intención de cazar a un zorro que, al parecer, rondaba por el lugar. Fernández se encontraba participando en una cacería de corzos con un grupo de amigos.

El catedrático de Biología de la universidad de León, citado como testigo en calidad de perito, descartó rotundamente la posibilidad de que el oso intentara atacar a Lorenzo Fernández por entender que la capacidad de reflejos y velocidad del oso le hubiera permitido alcanzar al cazador antes de que éste le disparase.

María Jesús de Miguel Michelena aseguró ante el juez no haber formalizado por escrito una autorización para que el acusado y un grupo de cazadores realizara una batida en Brasoñera. No obstante afirmó que había dado el permiso de forma verbal y que finalmente tal permiso fue expedido por la jefa de sección de Caza. El fiscal ha solicitado un total de cuatro meses de arresto y cuatro años de inhabilitación para la caza para Fernández, y la absolución para la exjefa de Montes.

La acusación particular, promovida por el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, solicita para el cazador seis meses de arresto y cinco años de inhabilitación para la caza, y seis años de inhabilitación para la exjefa de Montes. Ambas partes demandan a cada acusado un millón y medio de pesetas de indemnización.