El PNV y CiU retiran sus enmiendas a la ley de la renta

P. M. / C. M. Los grupos parlamentarios vasco y catalán retiraron ayer sus enmiendas a la totalidad al proyecto de ley del impuesto sobre la renta durante el primer debate parlamentario sobre el IRPF. El grupo del CDS decidirá definitivamente si retira o no la suya esta mañana, tras la intervención del grupo socialista, e Izquierda Unida se comprometió a estudiar una menos probable retirada. Por su parte, el primer partido de la oposición, el PP, se reunirá mañana antes del debate con el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, para intentar una grado de acercamiento con el proyecto de ley que presenta el Gobierno.

El objetivo de alcanzar el consenso entre los grupos parlamentarios fue ayer el leit motiv de un debate parlamentario que se desarrolló en dos planos. En el oficial, desde la tribuna y con taquígrafos, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, invitaba a alcanzar un consenso sobre una serie de puntos que, sin embargo, no especificó.

Ese consenso se estaba fraguando a un segundo nivel, también con luz, pero sin taquígrafos. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, no paró de ir de un lado a otro del hemiciclo, con consultas intermitentes al titular del departamento. Esos viajes se concretaron, a última hora de la tarde, en la retirada de dos enmiendas a la totalidad y en la posibilidad de que se retiren otras dos.

El principal grupo de la oposición, el Partido Popular, intervendrá hoy en el debate.

El Gobierno tiene dos motivos para intentar este amplio grado de consenso sobre la ley de renta. Por un lado, se trata de evitar que la aprobación de la ley vaya seguida de uno o más recursos de inconstitucionalidad. Según Solchaga, "el Gobierno ha extremado los controles de constitucionalidad sobre la nueva ley de renta", pero esos controles son más seguros con el consenso. En segundo lugar, ahora queda enfrentarse con "el tema", según la esotérica calificación de un miembro del Gobierno. Ese tema es la regularización fiscal, que ayer se adivinó en las intervenciones tanto del ministro como de los portavoces de los grupos de la oposición.

Los grupos catalán y de Izquierda Unida fueron los que de forma más explícita plantearon la conveniencia de esa regularización. Para CiU, "debe escogerse entre una vía de regularización penalizadora o esperar a que, con la llegada del mercado único, el dinero negro salga del país".

Izquierda Unida, mientras, pidió una estricta regulación del delito fiscal, la prohibición de que haya cheques bancarios al portador por más de un millón de pesetas y un mayor control sobre los bancos. Solchaga recogió el reto, pues "no será el grupo socialista quien se oponga a estas propuestas". Pero no especificó si el Gobierno piensa o no llevarlas a la Cámara.

Por otra parte, el pleno del Congreso rechazó ayer, por 171 votos contra 150 y una abstención las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 1991, presentadas por toda la oposición.