Japón, el fantasma del militarismo

El viejo fantasma del pasado, el temor a despertar los demonios de un militarismo incontrolado, ha resurgido en la sociedad japonesa con la discusión del proyecto de ley para crear un cuerpo de paz de civiles y militares que colabore en iniciativas coordinadas por la ONU. El debate ha trascendido del Parlamento y está en la calle, en los hogares y en las fábricas. Los medios de comunicación se hacen eco de manera apasionada, como pocas veces antes ha sucedido en un país acostumbrado a no abordar los temas tabú.

El Gobierno de Toshiki Kaifu debe sentir un especial odio hacia Sadam Husein, por lo que su invasión el pasado 2 de agosto de Kuwait ha supuesto para la débil vocación internacional japonesa.Una rápida solución de la crisis del Golfo podría haber evitado el dificil dilema en el que el primer ministro japonés se vio envuelto este verano: ¿qué hacer? ¿cómo satisfacer las presiones del amigo norteamericano? Ahora parece improbable que un eventual arreglo del conflicto árabe deje en el olvido el debate sobre si los soldados japoneses deben o no participar en actividades de paz coordinadas por la ONU. La mayoría de la población (53%), según una encuesta recientemente publicada por el diario Mainichi, se opone a que miembros de las Fuerzas de Autodefensa, como eufemísticamente se llama al ejército de Japon, vayan a otros países aunque lo hagan para colaborar en misiones de paz puramente logísticas, como pueden ser la supervisión de un alto el fuego, de unas elecciones, o la colaboración en operaciones de transporte y auxilio médico.

Ley anticonstitucional

La encuesta indica también que casi la mitad de los interrogados (49%) estima que el proyecto de ley que el Gobierno presentó este mes en la Dieta, el Parlamento, es anticonstitucional. La presidenta del partido socialista, Takako Doi, el principal grupo de oposición, sostiene que el Gobierno está a punto de provocar una grave crisis constitucional con la ley y ha llegado a decir al primer ministro, en una de las acaloradas sesiones parlamentarias, que con ello "está pidiendo a nuestros jóvenes que arrojen su sangre en el campo de batalla". La Constitución nipona fue redactada con el visto bueno norteamericano al término de la derrota japonesa en la Il Guerra Mundial. Su artículo 9 especifica claramente que el país renuncia a la guerra y al uso de la fuerza para resolver cualquier disputa internacional. No pocos expertos estiman incluso que la creación en 1954 de las Fuerzas Armadas fue también una transgresión al espíritu de la Carta Magna nipona, a la que ahora todos acuden para defender sus tesis. "No juguemos con la Constitución", advertía días pasados un editorial de Asahi Shimbun, el diario más influyente.

Las circunstancias han colocado a Kaifú en una espiral sin retorno y son muchos los que vaticinan que el jefe del Gobierno tiene los días contados, con o sin aprobación de la ley. Una vez que el cheque de ayuda a la fuerza multinacional y a los países afectados (4.000 millones de dólares) no colmó las expectativas norteamericanas, el Ejecutivo japones anunció que enviaría al Golfo un cuerpo civil de más de un centenar de médicos. El reclutamiento fue uno de los fracasos más sonoros que se recuerdan y estimuló la sospecha de que el pueblo japonés sigue sintiéndose poco solidario con los problemas mundiales. Ello obligó al Gobierno a tomar la decisión de incorporar de alguna manera al Ejército en un cuerpo de paz compúesto por unos 2.000 individuos, repartidos a partes iguales entre civiles y militares. Lo hizo de la forma más vaga, contradictoria y confusa. No estaría bajo el mando de un oficial, sino a las órdenes directas del primer ministro y los soldados no irían vestidos de uniforme, pero podrían llevar armas ligeras.

Hubo un gran revuelo parlamentario y manifestaciones de protesta callejera, especialmente de grupos feministas y universitarios. El temor a que la crisis del Golfo pudiera despertar el subconsciente militarista del pueblo nipón planeó en la mente de muchos. Más todavía cuando jóvenes turcos del gubernamental Partido Liberal, como el secretario general, Ichiro Ozawa, insinuaron que las Fuerzas de Autodefensa podrían participar en las acciones que realizara una futura fuerza de paz de la ONU, sin por ello violar ningún principio constitucional. Kaifú, completamente desbordado por la evolución de los acontecimientos, recogió al principio la idea de Ozawa, y más tarde rectificó. La oposición en bloque acusó al Gobierno de estar preparando el envío de tropas al Golfo y varios jefes del propio Partido Liberal expresaron su disgusto.La otra parte del problema hasido la reacción negativa que la ley ha tenido en los países de la región, que confirmó la gran desconfianza que continúa existiendo hacia la nación que en los años 30 y 40 invadió brutalmente a esos vecinos con la idea de crear un gran proyecto común para Asia. China, Corea del Sur, Filipinas y Singapur han expresado su recelo por la eventual intervención de los militares nipones en un cuerpo de paz.

El envío de tropas japonesas al exterior suscitaría una "fuerte repulsa" en el pueblo chino, ha declarado el presidente de aquel país, general Yang Shangkun. Pekín ha sido uno de los primeros en calificar de preocupante el proyecto. Tokio tiene ahora la dificil papeleta de tranquilizar el nerviosismo de sus vecinos.